El Govern se enfrentará al TC para defender el euro por receta

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BATALLA JURÍDICA

Andreu Mas-Colell y Francesc Homs./EFE/Andreu Dalmau

15 de enero de 2013 (20:51 CET)

Un motivo más para el agravio, esté justificado o no. Así lo ve el Govern de la Generalitat, que no entiende el “celo” del Gobierno central para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por el euro por receta. Una vez admitido a trámite, el Constitucional ha suspendido la aplicación de la medida por cinco meses. El Govern presentará alegaciones ante esa decisión, porque, además de haber recaudado ya 45,7 millones de euros desde que se instauró en el mes de junio de 2012, la decisión del TC anula “la autonomía política y financiera” de los gobiernos autonómicos, según fuentes del Govern. La suspensión afecta también en Catalunya al recargo de las tasas judiciales y al impuesto de los depósitos bancarios.

El problema vendrá cuando el TC dicte sentencia. La propia ministra de Sanidad, Ana Mato, ha considerado que la decisión no supondrá el retorno del dinero que ya han abonado los ciudadanos catalanes, porque el recurso cuenta a partir del momento en el que el TC suspende la decisión.

Pero, ¿qué pasará cuando finalicen los cinco meses de suspensión, sin que el TC haya dictaminado todavía una sentencia? Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la UB y la UOC, y uno de los protagonistas de la negociación del Estatut, considera que la Generalitat “podría de nuevo tener la voluntad de aplicar la medida”. Pero se entraría en una dinámica de choque, la misma, en cualquier caso, que ya existe ahora, a juicio del Govern de CiU.

Abuso del Gobierno central

Los expertos jurídicos consultados se refieren al “abuso” del Gobierno central de los artículos de la Constitución que regulan las leyes de bases y los que hacen referencia a las competencias exclusivas del Estado. En concreto, el artículo 149.1.16, que señala como competencia exclusiva del Estado “Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos”. Más claro, el agua.

Pero el Gobierno central también había animado a las comunidades autónomas a que fueran valientes y a que asumieran su responsabilidad en materia fiscal, para buscar ingresos y no reclamar, de forma constante, transferencias de la administración central. Es el reproche que sigue formulando con contundencia el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, que defendió la medida.

La cuestión es que el euro por receta, o fórmulas de copago en la sanidad, son medidas que ya se planteó el Gobierno tripartito que presidió el socialista José Montilla. Entonces, el Govern trató de convencer al Gobierno central para que fuera él el que formulara medidas de copago, porque la Generalitat admitía que no tenía competencias para aplicarlas. Pero el éxito fue nulo.

"Un día será inconstitucional respirar en catalán"


Es lo que le reprochó este mismo martes el portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, al Ejecutivo de Artur Mas. “¿No tiene la Generalitat unos servicios jurídicos de primera categoría que, bien dirigidos, deberían haber avisado que el euro por receta chocaba con la Constitución?”, se preguntó Lucena.

Pero el Govern de CiU decidió aprobar la medida, con el argumento de que algo debía hacer. “Un día será anticonstitucional respirar en catalán”, aseguró el conseller de Presidència, Francesc Homs, en referencia a las dificultades de la Generalitat para legislar sin que se encuentre con objecciones y recursos del Gobierno central.

Ridao sostiene que el Constitucional podría levantar la suspensión con una interlocutoria, “pero no es probable”. En lo que sí coinciden los expertos es que el Constitucional difícilmente tendrá lista una sentencia en cinco meses, por lo que, o bien prorroga la suspensión, o la levanta, permitiendo que los gobiernos autonómicos apliquen de nuevo la medida.

Reducir el gasto

El economista Valentí Pich no entra en la posible decisión del TC, sino en el problema de fondo. “El Govern tomó esa medida, no tanto por un afán recaudatorio, sino para disuadir el gasto, y es evidente que alguna política concreta se debe aplicar para reducir el gasto farmacéutico”.

Pero en lo que los expertos consultados coinciden es que la Generalitat difícilmente devolverá el dinero a los ciudadanos que ya han pagado.

El Departament de Salut ofreció, de forma inmediata, los primeros datos de la medida. El gasto farmacéutico se ha reducido, con el euro por receta, el 14,3% en 2012, respecto a 2011. Y del total de recetas dispensadas, sólo un 0,07% no pagaron el euro porque el usuario se declaró objetor.

Pulsar el botón

Los farmacéuticos catalanes ya tenían previsto el nuevo escenario, una vez que el Gobierno central anunció que presentaría el recurso ante el TC. Y, por tanto, ya tenían listo “el botón” para pulsarlo en cualquier momento, dado que existe un sistema informático que regula todo el proceso. El vicepresidente del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Francesc Pla, ha asegurado que era “muy probable que esto sucediera”, y ha admitido que será fácil “a nivel técnico suspender el cobro, justo lo contrario de lo que supuso su implementación”.

En una primera fase, se asegura, el sistema informático de las farmacias indicará que no es necesario el cobro a los usuarios cada vez que se facture una recepta. Y en una segunda fase, “de aquí a diez o quince días”, el sistema dejará de prever esa opción.

Pero, al margen de los problemas técnicos, la decisión del TC intensificará la batalla política y judicial entre Catalunya y el gobierno central, centrada, principalmente, en el derecho a decidir y en al consulta sobre la autodeterminación.
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