El independentismo busca su salvavidas en la reacción contundente de Rajoy

«Acción. Reacción». Esa es la táctica de los independentistas para tratar de salir del agujero negro en el que se han metido después de las elecciones del 27 de septiembre. En los comicios no ganó nadie. Las fuerzas secesionistas, gracias a la ley electoral, tienen mayoría de escaños. El bloque no separatista obtuvo más votos.

Pero la realidad es que la política catalana, y puede que también la sociedad, ha quedado dividida en dos bandos sin que nadie pueda vaticinar la victoria de uno por encima del otro. Los independentistas lo saben y por eso han puesto en marcha esa estrategia de «acción-reacción».

«Queremos que Rajoy reaccione»

«Lo que queremos es que el Gobierno español reaccione. Que las cosas se compliquen para poder cargarnos de razón y tener más margen de maniobra, sobre todo, de cara al extranjero. Por eso cada cosa que hacemos está cargada de intención, encaminada a buscar la reacción del Estado», explica un dirigente de Junts pel sí.

Lo que en definitiva pretenden los de Artur Mas es sacar de quicio a Rajoy para que tome una decisión contundente y se líe parda. Hasta el momento, el presidente español ha tenido una actitud serena y ha conservado la frialdad frente al desafío independentista.

Desconexión de España

Pero ese comportamiento tiene los días contados. Junts pel sí y la CUP han presentado en el Parlament una propuesta de resolución conjunta para declarar la nueva república catalana e iniciar los trámites de lo que llaman «la desconexión de España». Lo más probables es que esa resolución se vote y se apruebe el lunes que viene en el pleno parlamentario.

Entonces Rajoy dejará de ser el hombre tranquilo. Se verá obligado a actuar. Ya ha avisado de que usará «todos los mecanismos» políticos y jurídicos que estén a su alcance para impedir el proceso de independencia de Cataluña. Aunque todavía no ha concretado cuál será su próximo paso.

Recurso inmediato ante el Constitucional

Lo único que ha dejado claro es que el mismo lunes, tras la aprobación de esa resolución, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Antes de que acabara la legislatura, el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que da a los jueces potestad para ejecutar sus sentencias.

Gracias a esa modificación, los magistrados podrán iniciar los trámites para la inhabilitación de los cargos públicos que se nieguen a acatar las decisiones judiciales. La nueva ley también les permitirá poner en manos del Ministerio Fiscal a los políticos díscolos.

Inhabilitaciones

La reforma se redactó pensando en Artur Mas. Pero es posible que el lunes, cuando se apruebe esa resolución, que también incluye un llamamiento a desobedecer las leyes españolas y las resoluciones del Constitucional, aún no haya presidente de la Generalitat.  

En ese caso, cabría la opción de tratar de inhabilitar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que fue nombrada la semana pasada. No obstante, Rajoy tendrá que armarse de paciencia, pues no es habitual que el Constitucional tome una decisión de la noche a la mañana.

Dos posibilidades

Tampoco es probable que con esa inhabilitación se frene el proceso. Si esa situación llega a producirse, los independentistas continuarán con su táctica de acción-reacción y es más que posible que hagan oídos sordos a la decisión de los jueces.

Rajoy tiene otras dos posibilidades para parar los pies a los secesionistas. Son mucho más drásticas y, por eso mismo, son las que en realidad están buscando desde Junts pel sí para cargarse de argumentos y salir del estancamiento en el que se sumieron tras las elecciones.

Suspensión de la autonomía

La primera opción sería la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución, que consiste en «adoptar las medidas necesarias» para obligar a una comunidad autónoma «a cumplir forzosamente con sus obligaciones». En la práctica, esta alternativa comportaría la suspensión de la autonomía catalana.

Aún más contundente sería la aplicación del artículo 116 de la Constitución, que implicaría la declaración del estado de alarma, excepción o sitio durante un breve periodo de tiempo en caso de amenaza muy grave para el interés general. Si los independentistas logran que llegue a implantarse ese estado habría triunfado con su estrategia de acción-reacción.