El juez cierra de nuevo el caso Palau

El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha vuelto a cerrar la instrucción del caso del Palau de la Música. Se trata de un trámite después de que la Audiencia de Barcelona haya avalado la exculpación de Jaume Camps, que presuntamente ejerció de intermediario en el pago de comisiones a CDC, al entender que los hechos han prescrito.

En su auto, que es recurrible, el juez concluye que CDC cobró comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública, mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, facturación mendaz y convenios de colaboración con la Fundació Trias Fargas (actual Catdem).

Directivo de Ferrovial 

El magistrado mantiene imputado a Pedro Buenaventura. Su defensa pidió al juez que archivara la causa contra su cliente, también por prescripción, pero el instructor desestima esa petición al entender que no ha transcurrido el plazo suficiente para que se haya extinguido la responsabilidad penal del exdirectivo de Ferrovial. 

El juez rechaza el argumento de la defensa de que Buenaventura de que el imputado quedó sin capacidad alguna de decisión a partir de febrero de 2006, cuando cesó como director general de la compañía, «toda vez que no es extraña, como es sabido, la figura de administrador de hecho», añade el auto. 

Segunda vez

La instrucción del caso Palau ya se dio por terminada en julio de 2013, pero la Audiencia de Barcelona reabrió después la causa para ordenar la imputación de los empresarios que facturaron a la entidad cultural las obras que llevaron a cabo en las casas de los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull.

El instructor concluye en su auto que CDC cobró entre los años 2000 a 2009 comisiones por adjudicaciones de obra pública, en virtud de un acuerdo fraguado en 1999 en el que intervinieron Millet y Montull, Pedro Buenaventura y el exdirectivo de Ferrovial Juan Elizaga, el extesorero de CDC Carles Torrent, su sucesor, Daniel Osàcar, y Jaume Camps.

En opinión del juez, la constructora abonaba, por regla general, una comisión del 4 % del importe de la obra pública adjudicada, del que un 2,5 % se asignaba a CDC y un 1,5 % se lo quedaban Millet y Montull por su labor de «intermediación».