El juez imputa al ex tesorero de CDC por presunta financiación irregular

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La oposición pide a Artur Mas que dé la cara mientras CiU cierra filas

17 de marzo de 2011 (19:14 CET)

El juez Miguel Ángel Tabarés ha imputado este jueves al ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, por presuntos pagos irregulares de CDC a través del Palau de la Música, y a Pedro Buenaventura, de la constructora Ferrovial, por supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones.

En su auto, también imputa a los dos cerebros del millonario desfalco del Palau --Félix Millet y su mano derecha Jordi Montull--, a su hija Gemma Montull, a Emilio Vidal, administrador de GPO Ingeniería, y a Álvaro Palao, también de GPO.

Con estas imputaciones, solicitadas por Fiscalía, el juez da vida a la causa separada que su antecesor, Juli Solaz, optó por abrir para investigar si el Palau, además de sufrir un espoleo, sirvió para mediar en adjudicaciones de obra a la constructora vía patrocinios.

Así, investigará el destino de las donaciones de Ferrovial al Palau --habitualmente ingresadas en las cuentas del Orfeó-- en el periodo 2001-2008, ya que del informe pericial parece deducirse que eran "contraprestaciones de esa empresa por la adjudicación de obra pública que revertía en beneficio de terceras personas o entidades relacionadas con ella".

El ex tesorero de CDC ha conocido la noticia de su imputación en el transcurso de unas jornadas donde también estaba presente el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

"No estoy preocupado", ha comentado Daniel Osácar a los medios, sin dejar que le grabaran las cámaras, tras añadir que su imputación era un hecho que "podía pasar".

Desde CiU han cerrado filas y su diputado Jordi Turull ha manifestado la firme convicción que tiene el partido en torno a la "absoluta honestidad" de Osàcar.

Además, ha considerado que ahora podrá defenderse mejor ante "el linchamiento público al que ha estado sometido" durante el último año.

En declaraciones en el Parlamento autonómico, ha apuntado que la presiones recibidas podrían haber determinado la decisión del juez para darle una oportunidad de defenderse, ya que ahora contará con herramientas jurídicas y podrá testificar para aclarar los hechos.

Mientras CiU exhibe tranquilidad, la oposición ha reaccionado a la imputación pidiendo que Artur Mas dé la cara y reclamando una investigación seria.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que, aunque respetan la presunción de inocencia, ante la decisión del juez ni Mas ni CDC pueden "seguir escondiéndose y no decir nada ante una imputación tan grave".

La portavoz de ICV-EUiA en el Parlamento catalán, Dolors Camats, ha señalado que la imputación ha confirmado lo que la comisión de investigación parlamentaria del caso Palau sólo pudo definir como indicios y sospechas.

Anna Simó (ERC) se ha felicitado por la noticia, ya que su partido defendía que había una trama paralela al caso Millet de presunta financiación irregular de CDC.

El diputado del PP Pere Calbó ha explicado que la imputación es un hecho "gravísimo" que por sí sólo no prejuzga nada, pero dirige la investigación judicial a un ámbito concreto y en base a unos indicios muy claros.

Desde las filas de C's, Jordi Cañas, ha considerado que la imputación da la razón a las conclusiones de la comisión de investigación, mientras que Alfons López Tena (SI) también ha instado al presidente de la Generalitat a dar explicaciones.

Comisiones del 4%

En el auto, el juez apunta a que Millet desplegaba una amplia actividad dirigida tanto a reclamar la adjudicación de obras como apremiando a Ferrovial para que no se retrasara en el pago de las cantidades comprometidas.

Las comunicaciones de Millet a Ferrovial iban dirigidas a Buenaventura, que ocupó varios cargos en la constructora, en las que le informaba de adjudicaciones o le instaba a que cumpliera los compromisos económicos con comentarios como: "es indispensable para atender las necesidades que tú ya sabes".

En estas comunicaciones aparece aplicado un porcentaje del 4% al precio de adjudicación de obras, como la de la Línea 9 de Metro, que serían las comisiones, que después se distribuyen en un 2,5% y un 1,5%.

En concreto, de documentación de Gemma Montull fechada en 2008 se desprende que Ferrovial entregó al Palau al menos 1.081.822 euros, de los que fueron destinados 675.855 euros a "pago Daniel --en referencia al ex tesorero--, 248.433 euros a "cobrar GPO" --cuyos responsables también están imputados-- y 157.594 euros a la Fundación.
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