El juez investiga a un diputado andaluz en la trama de adjudicaciones irregulares de obra pública

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude pide información a la Junta acerca del papel de Sánchez Teruel en una licitación bajo sospecha

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El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez, quien, de forma sigilosa, investiga desde hace más de un año una presunta trama de adjudicaciones irregulares a Abengoa ha puesto la lupa sobre el secretario general del PSOE en Almería y diputado autonómico, José Luis Sánchez Teruel. Se le atribuye un papel de intermediario en la cesión y adjudicación de macrocontratos de obra pública de la Junta de Andalucía.

El nombre de Sánchez Teruel ya aparece en la denuncia que hace un año presentó la Junta de Regantes del Guadalquivir y que motivó la apertura de la investigación judicial. En ella, se aseguraba que el político socialista estaba al corriente de la supuesta gestión irregular de los más de 40 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió a la antigua cúpula de la junta de regantes del río para acometer unas obras en el margen del mismo.

Uso de fondos europeos

Algo más del 60% de esta subvención en concreto provenía de fondos europeos.

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ha podido confirmar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha abierto una investigación para aclarar si se hizo, o no, un buen uso de los fondos comunitarios aportados. El organismo de la UE ha requerido al Gobierno andaluz información concreta acerca del papel que desempeñó Sánchez Teruel en todo el proceso de cesión de los fondos.

En caso de que de la de investigación del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla se pudiese deducir que alguna de las gesiones de Sánchez Teruel pudiesen constituir un delito, el magistrado Juan Gutierrez tendría que remitir esa parte de la causa a la Sala de lo Civil y lo Penal de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, debido a la condición de aforado que tiene el socialista por su cargo de diputado.

Anticorrupción

Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción comenzaron a investigar a partir de la denuncia de la Junta de Regantes del Guadalquivir otras licitaciones y adjudicaciones de macrocontratos de obra pública del Ejecutivo autonómico de las que habría sido beneficiaria la compañía Abengoa, así como alguna de sus filiales, como Befesa.

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