El juicio del ‘Prestige’ llevó a la quiebra a Salvamento Marítimo
La sociedad pública Sasemar, ahora descapitalizada, asumió las minutas de los abogados en el proceso, que en junio superaban ya los 33 millones
Entre las muchas y casi incalculables consecuencias económicas de la catástrofe del Prestige hay alguna certeza. Una de ellas es el coste que supuso para el Estado español todo el proceso hasta ahora, que de paso ha llevado a la quiebra técnica a Sasemar, la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, encargada de instrumentalizar los pagos para cubrir las minutas de los abogados. Hasta junio de este año, la factura de los despachos contratados se eleva a unos 33 millones de euros. Sasemar, según la Intervención General del Estado, está en una situación, por este y otro motivos, de quiebra, con fondos propios negativos.
El informe de auditoría de Sasemar, realizado por la Intervención General de la Administración del Estado, muestra las muchas muescas que tiene en su balance la sociedad dependiente de Fomento, y alerta a la vez de la difícil situación financiera en la que se encuentra. Dos variables ilustran el agujero: Sasemar perdió algo más de 35 millones de euros en 2013, frente a los números rojos de 22,9 millones registrados un año antes. Estas pérdidas podrían ser asumibles si no fuera porque Sasemar cerró el 2013 en situación de descapitalización: sus fondos propios (capital y reservas) eran negativos en 820.000 euros, frente a los 34,3 millones que registraba en positivo un año antes.
Las minutas del «Prestige»
La Intervención General del Estado señala y describe con detalle los costes en los que ha incurrido la sociedad pública para el pago de las minutas de la causa del Prestige, uno de los orígenes de su agujero financiero. Así, en mayo de 2003 se suscribió un contrato entre el Reino de España y el despacho de abogados Holland & Knight para que asumiera el ejercicio de acciones y para la iniciación y tramitación de un procedimiento judicial en Estados Unidos contra la entidad American Bureau of Shipping y contra los armadores y fletadores del buque Prestige.
Los daños reclamados se habían cifrado en ese momento en un importe superior a 1.000 millones de dólares. Este proceso concluyó sin que prosperara la demanda presentada por España. Hasta 2013 Sasemar recibía subvenciones de explotación vía expedientes de modificación para el pago de este bufete de abogados. El importe facturado hasta junio de este año ha sido 41,86 millones de dólares, unos 31,53 millones de euros.
Más abogados
En 2013, dicen los interventores, se ha contratado a nuevos abogados para hacer frente a una demanda de ejecución de laudo arbitral presentado ante un tribunal con sede en Londres, dictado en el procedimiento iniciado por el consorcio asegurador del Prestige (The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Ltd) con el fin de prevenir una posible condena como responsable civil en el juicio penal que se sigue ante la Audiencia Provincial de A Coruña. El bufete seleccionado es K&L Gates. Para el pago a estos abogados Sasemar recibió en 2013 dos subvenciones, vía ampliación de crédito, por un importe de 1,5 millones de euros, habiéndose pagado facturas a este bufete en el ejercicio por el 100% de dicho importe, concluyen.
Los auditores de Sasemar también advierten de otro agujero, en este caso laboral. Y es que tras la extinción en 2012 de Remasa, sociedad mercantil íntegramente participada por Sasemar, «se consideró que era necesario todo el personal de flota (750 personas) y se integró en Sasemar. «Con ello», dicen, «la plantilla media en 2013 ha sido de 1.289 trabajadores que han supuesto un gasto de 58,9 millones de euros, incluidos en un total de gastos del ejercicio de 165 millones de euros». La entidad tiene una cifra de negocio de tan solo tres millones de euros, lo que da idea del imposible equilibrio de su cuenta de resultados.
