El PSC quiere anular la privatización de Aigües Ter Llobregat

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Un día después de pedir la comparecencia del nuevo 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Pere Navarro denuncia el “escándalo” del concurso

El líder del PSC, Pere Navarro. EUROPA PRESS

04 de enero de 2013 (13:36 CET)

El PSC presentará en el Parlament una propuesta de resolución en la que reclaman que se anule la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y que la compañía vuelva a ser pública. El primer secretario del partido, Pere Navarro, ha cargado este viernes contra un concurso público que ha tachado de “incomprensible y escandaloso”.

Las declaraciones del líder de los socialistas catalanes llegan casi 24 horas después de que el partido exigiera la comparecencia del nuevo conseller de Territorio i Sostenibilitat, Santi Vila, en el Parlament para dar explicaciones sobre el proceso.

Este fue el primer gesto del PSC ante el escándalo que se ha generado tras la anulación de la adjudicación del agua por un organismo de mediación adscrito a Presidència. Los socialistas se limitaron a leer la carilla al ex alcalde de Figueres, quien desembarcó en el departamento pocas horas después de que el secretario en funciones, Pau Villòria, firmara la adjudicación.

Servicio público

El PSC afirma que ATLL “debe seguir en manos públicas” para garantizar el suministro de agua de unos cinco millones de catalanes del Área Metropolitana de Barcelona y su zona de influencia. Ya que la compañía se dedica a tratar y distribuir el recurso desde el lugar en el que se capta hasta los municipios.

Antes de privatizarse, la empresa estaba presidida por el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Leonard Carcolé. Otro de los altos cargos del Govern de CiU que tendrán que comparecer en el Parlament para dar la cara por el proceso de privatización por petición del PPC, ICV-EUiA y C's.

Directiva Europea

Los socialistas catalanes también han cargado contra la subida del precio del recurso a lo largo de todo el proceso de privatización.

Recuerdan en la propuesta de resolución que tramitarán que el agua es un bien de titularidad pública “por ley” según la Directiva marco de la Unión Europea. Por lo que no se puede comerciar con este patrimonio.
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