El recurso de Rajoy señala también a tres políticos no independentistas

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El desafío secesionista

La Mesa del Parlament durante la sesión de constitución de la Cámara.

en Barcelona, 11 de noviembre de 2015 (14:10 CET)

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista aprobada el lunes por el Parlament. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha avisado de que incumplir lo que dictamine el alto Tribunal puede tener consecuencias: multas, inhabilitaciones e incluso penas de cárcel.

Y para que nadie se haga el despistado y alegue que no se había enterado de que esas posibles consecuencias planeaban sobre su cabeza como una espada de Damócles, el Gobierno señala en su recurso con nombres y apellidos a los 21 cargos que pueden sufrir las consecuencias del incumplimiento de las resoluciones del Constirucional.

Justos por pecadores

En el recurso de Rajoy solicita expresamente que se notifiquen las resoluciones que dicten los jueces a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; a todos los miembros de la Mesa; al secretario general de la Cámara, Pere Sol; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas y a todos sus consellers.

Y como suele ocurrir tantas veces pagan justos por pecadores, puesto que en esa lista negra gubernamental hay tres cargos políticos que no son independentistas y que, de hecho, el lunes votaron en contra de la declaración de la república catalana.

Se trata de tres miembros de la Mesa del Parlament: el representante de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra; el del PSC, Davis Pérez, y Joan Josep Nuet, de EUiA, que forma parte del órgano de dirección del Parlament por la coalición Catalunya sí que es pot.   

 

  

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