El Supremo pone la piqueta para demoler el hotel El Algarrobico

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Los terrenos no son "urbanizables y carentes de interés ambiental", como argumenta la promotora Azata, sino acogidos a protección dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en el municipio almeriense de Carboneras

Juan Carlos Martínez

El Supremo sentencia al hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería)
El Supremo sentencia al hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería)

Madrid, 19 de febrero de 2016 (09:54 CET)

Una década después de que un juez decretara la paralización de las obras del hotel El Algarrobico, iniciadas en 2003 por la promotora Azata en el municipio almeriense de Carboneras, el Tribunal Supremo ha puesto fin al interminable proceso judicial abierto.

Se acabó la polémica. El terreno donde se levantó el hotel, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es protegido y no urbanizable y, aunque la sentencia del Alto Tribunal no lo dice expresamente, el inmueble debe ser demolido para que la playa se quede como estaba hace 13 años. La Junta de Andalucía así lo ha entendido, y ya ha iniciado el procedimiento para echar abajo el polémico hotel.

Demorar lo inevietable

El Supremo se expresa así para dar la razón a Greenpeace y a la Junta de Andalucía, que habían presentado sendos recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 21 de marzo de 2014, que, tras un cambio de magistrados en relación a este tema, había determinado que los terrenos sí eran urbanizables.

Dos años después de aquella sentencia, el tema de la demolición se retoma. De hecho, ya entonces, tanto el Ministerio de Fomento como la Junta de Andalucía habían suscrito un protocolo para proceder a la demolición.

Fomento y la Junta, reparto de tareas para la demolición

En el acuerdo se fijaba que Fomento –competente en materia de costas y dominio público marítimo terrestre– acarrearía con los costes del derribo propiamente dicho, y el Gobierno andaluz con las tareas de desescombro y restauración del emplazamiento al estado en el que estaba en 2003.

A partir de ahora, a Azata, la promotora del hotel, le quedan pocas agarraderas jurídicas. Únicamente, podría recurrir contra la orden administrativa de demolición para demorar unos meses lo inevitable. Pero, poco más.
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