Puigdemont lleva a los suyos a los tribunales. En la imagen, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de desviar 8 millones el 1-O

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El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, considera probado que el gobierno de Carles Puigdemont desvió dinero público para el referéndum

Economía Digital

Puigdemont lleva a los suyos a los tribunales. En la imagen, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Barcelona, 20 de diciembre de 2018 (11:51 CET)

El Tribunal de Cuentas cerca a Carles Puigdemont. Su fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, calcula que el expresidente de la Generalitat desvió más de 8 millones de euros de dinero público para sufragar el referéndum ilegal del 1 de octubre. De este importe, cerca de 7,5 millones de euros sería en publicidad.

Según informa El País, Torres ha elevado al Tribunal de Cuentas una demanda que imputa a Puigdemont y 17 altos cargos del Govern Puigdemont el desfalco de esos 8 millones, el doble de lo que considera el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en su instrucción de la causa del 1-O.

El fiscal destaca que este dinero se destino a financiar la campaña y el dispositivo del referéndum del 1-O. Este operativo tenía como objetivo conseguir la independencia de Cataluña.

Hace un año, el Ministerio de Hacienda denunció al anterior gobierno de Puigdemont ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas por utilizar dinero público. La denuncia se hizo extensiva a organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), entonces liderada por Jordi Sánchez, y a Òmnium Cultural, de Jordi Cuixart. Sin embargo, estos últimos activistas, presos en la cárcel de Lledoners (Barcelona), no figuran entre los acusados por la fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Mariscal de Gante instruirá la causa

El Tribunal de Cuentas ha designado como instructora a Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del primer gobierno de José María Aznar. Mariscal de gante ya investigó el dinero desviado por el gobierno de Artur Mas en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Al igual que ocurrió con el 1-O, el ejecutivo de Mas también desobedeció al Tribunal Constitucional en el 9-N.

El Tribunal de Cuentas condeó a Mas, así como a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau a pagar una fianza solidaria de 4,9 millones de euros por la consulta ilegal del 9-N celebrada en 2014. Este tribunal ordenó el año pasado el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para hacer frente a parte de la fianza impuesta por este procedimiento de responsabilidad contable.

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