El Tribunal de Cuentas catalán denuncia que Carulla ha privatizado el Palau de la Música

La polémica en torno al Palau de la Música no cesa. Félix Millet y Jordi Montull, antiguos gestores de la entidad, confesaron en 2009 que la habían saqueado. Dimitieron y se nombró a un nuevo equipo de dirección capitaneado por Mariona Carulla.

La entidad estaba formada por tres organismos en un Consorcio, de naturaleza pública con representación de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura; una Fundación, de naturaleza privada, y la Asociación Orfeó Català.

Irregularidades en el Convenio Tribanda

En julio de 2012, los nuevos gestores firmaron el Convenio Tribanda con el objetivo final de transferir todos los bienes del Consorcio a la Fundación. La Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Cuentas catalán, ha detectado irregularidades en esta operación.

En el informe Consorcio del Palau de la Música catalana relativo a los ejercicios 2010 a 2013, el órgano de fiscalización de las administraciones públicas en Cataluña concluye que el equipo de Carulla ha privatizado el Palau y lo ha dejado al margen «del control financiero de la Generalitat».

Acuerdo retroactivo

A través del Convenio Tribanda, la Fundación «asumió la organización administrativa de las actividades del Palau de la Música y de su personal y subrogó todos los derechos, las obligaciones y los contratos de trabajo». Además, lo hizo de forma retroactiva dándole vigencia a partir del 1 de enero de 2012.

Como el Consorcio era un ente público estaba sujeto al control de la intervención General de la Generalitat, pero la Fundación escapó a esa supervisión por ser una entidad privada y la sustituyó por «un código de conducta».

Falta de control sobre las subvenciones

En consecuencia, «las subvenciones recibidas por el Consorcio y/o las administraciones que lo integran no se ajustan a los mecanismos de control que se establecen en la normativa reguladora de las subvenciones», según desvela el informe de la Sindicatura.

Además, se constituyó un Fondo Especial Voluntario cuyo objetivo era «hacer frente al pago de las cantidades que pudieran ser reclamadas por cualquier administración, juzgado, tribunal o tercero», ya que el Palau de la Música podría tener que responder por alguna de las causas judiciales abiertas como consecuencia del desfalco de Millet.

Fondos dedicados a pagar a los abogados

Pero los únicos ingresos que ha recibido este fondo desde su constitución en diciembre de 2014 son 900.000 euros procedentes de una devolución que efectuó el Juzgado de Instrucción número 30 de los de Barcelona, que es el que instruye la causa de Millet.

Esos fondos no se han utilizado para asegurar los posibles futuros pagos que puedan derivarse de los procedimientos judiciales. Se han gastado «en el pago de facturas de un despacho de abogados que no defiende los intereses del Consorcio, sino de la Fundación y de la Asociación del Orfeó Català».