Jordi Gual (i), presidente de Caixabank, e Isidre Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria. La imagen corresponde a su comparecencia este martes en la comisión del Parlament que investiga la aplicación del artículo 155 en Cataluña

Fainé y Gual niegan presiones políticas en el traslado de Caixabank

stop

Fainé y Gual argumentan el traslado de las sedes de Caixabank y de la Fundación fuera de Cataluña por la fuga de 7.000 millones de euros en depósitos

Josep Maria Casas

Economía Digital

Jordi Gual (i), presidente de Caixabank, e Isidre Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria. La imagen corresponde a su comparecencia este martes en la comisión del Parlament que investiga la aplicación del artículo 155 en Cataluña

Barcelona, 25 de febrero de 2020 (15:38 CET)

El presidente de Caixabank, Jordi Gual, y el de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, aseguraron este martes en el Parlamento de Cataluña que no recibieron ningún tipo de presión política cuando, en octubre de 2017, trasladaron las sedes sociales​ de estas entidades a Valencia y Palma de Mallorca. Atribuyó la decisión a la necesidad de parar la fuga de depósitos, que alcanzaron los 7.000 millones de euros en tan solo una semana.

Ante la comisión parlamentaria que investiga la aplicación del artículo 155, Gual recalcó que se trasladaron las sedes de Caixabank y de la Fundación fuera de Cataluña para “proteger” a los ahorradores, a los accionistas y los empleados. “Se hizo lo que se consideró mejor para garantizar la continuidad de una actividad económica”. Recalcó que “las dobles legalidades” en las que se amparó el entonces gobierno de Carles Puigdemont “generan pánico” en los inversores.

“Nuestra obligación era la de proteger a los accionistas -entre ellos a los 600.000 pequeños accionistas-, inversores internacionales y también a la Fundación Bancaria, los puestos de trabajo y los ahorros de los 15 millones de clientes”, precisó Gual.

Negó cualquier tipo de presión política, así como la salida de fondos de administraciones públicas con anterioridad y posterioridad al referéndum del 1 de octubre de 2017. Gual aseguró que los 7.000 millones de euros de depósitos que volaron del banco durante la primera semana de octubre eran de particulares. “Lo digo clar i català (claro y en catalán), fueron salidas de pequeños depositantes privados”, recalcó.

“Situación de pánico”

Gual recordó que “la gente no sabía lo que pasaría, que ley se aplicaría y tenía miedo”. Ante esta situación, muchos optaron por retirar los depósitos. Aseguró que el banco tenía liquidez y estaba preparado para una emergencia como aquella pero que era necesario “cortarla en seco” porque su crecimiento era “exponencial”. Por eso, se acordó el traslado de las sedes.

Afirmó que “la situación de pánico” se frenó gracias al decreto del gobierno de Mariano Rajoy que facilitó el traslado de sedes. Pese a las preguntas de los diputados, no mostró ninguna intención de implantarla de nuevo en Cataluña.

Gual insistió en que “gracias al cambio de sede y a la convocatoria de elecciones” en Cataluña se recuperaron a finales de aquel mismo trimestre “los flujos de ahorros” que salieron en los días posteriores al referéndum del 1 de octubre. Precisamente, la convocatoria de aquellas elecciones catalanas, en diciembre de 2017, se efectuó mediante el artículo 155 de la Constitución.

Fainé apuntó que “los problemas de confianza deben solucionarse rápido”. Insistió en que “no puedes jugar con los ahorros de las personas”.

Los diputados de Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en comú-Podem y la CUP preguntaron sobre los motivos por los que Caixabank trasladó su domicilio de Barcelona a Valencia después del referéndum del 1 de octubre de 2017. Los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP rechazaron formar parte de la comisión parlamentaria sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Con anterioridad, compareció ante esta misma comisión el presidente de Banc Sabadell, Josep Oliu, que se expresó en términos parecidos. Indicó que trasladaron la sede a Alicante por “motivos técnicos y no políticos”. Concretamente, por la fuga de 4.600 millones de euros en depósitos en tan solo una semana.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad