La Guardia Civil durante la jornada del referéndum del 1-O en Cataluña. EFE
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El tribunal reabre un caso sobreseído al apreciar "desmesurada violencia" en las cargas policiales del 1-O

05 de marzo de 2019 (13:33 CET)

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido reabrir un caso sobre las cargas del 1 de octubre en la escuela Estel de Barcelona, ya que cree que en algunos centros hubo demasiada violencia en la actuación policial.

La Sala recuerda que existía un mandato concreto por parte de la Fiscalía para impedir las votaciones y considera que aunque en algunos centros los agentes de la autoridad se limitaron a “requisar urnas y papeletas”, en otros “se empleó "una desmesurada violencia”.

La  Audiencia de Barcelona ha tomado la decisión de reconsiderar el caso después de estimar el recurso que había presentado el Ayuntamiento de Barcelona. En un principio, este recurso fue sobreseído por el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que determinó que faltaban vídeos, fotografías u otras pruebas en los que pudieran identificarse los agentes, y en conclusión, que debía profundizarse en la investigación del caso.

La Audiencia de Barcelona no comparte esta decisión y opina que “la inexistencia de material videográfico no puede impedir una completa investigación” de los hechos sucedidos durante la jornada.

¿Fuerza innecesaria?

La Audiencia opta por investigar cuáles fueron las “órdenes concretas emitidas por los responsables del operativo”, que sí que han sido identificados, en vez de certificar qué agente hirió a quién. Por otro lado, el órgano opina que debe analizarse en cada caso concreto si el uso de la fuerza tenía su origen en el mandato judicial o “fue desproporcionado e innecesario" para el fin de perseguirlo.

Durante las últimas intervenciones de los testigos durante el jucio al procés, se ha reconocido ante los tribunales que hubo incidentes con heridos en 53 centros educativos de Cataluña. Con la reapertura de este caso, la Audiencia de Barcelona está considerando imputar a los responsables operativos por las lesiones que los agentes habrían causado a los participantes del 1-O.

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