La CUP corre al rescate (temporal) de Puigdemont tras el caso Vidal

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La CUP desbloquea sin apenas debate interno los presupuestos catalanes aunque "no abordan las políticas fiscales ni públicas de forma valiente ni efectiva"

La diputada Anna Gabriel durante la sesión de control al gobierno catalán. / EFE

Barcelona, 28 de enero de 2017 (13:42 CET)

El escándalo del exsenador Santi Vidal (ERC) ha puesto contra las cuerdas a la CUP: si rechazaban los presupuestos, Carles Puigdemont se veía obligado a convocar a elecciones por la ruptura de la mayoría independentista en el Parlament. Y el referéndum se hubiera postergado, o realizado a las apuradas antes de disolver al cuerpo legislativo catalán. La CUP, por tanto, decidió otorgar dos votos positivos en el Parlament y otras ocho abstenciones para desbloquear los presupuestos autonómicos.

De esta manera, el gobierno catalán podrá sacar adelante sus cuentas. Los votos de las asambleas territoriales fueron, en una amplia mayoría, para el "sí": once de ellas tenían una postura positiva y dos negativa (Baix Llobregat y Barcelona). Sumados a los sufragios de las agrupaciones afiliadas a la CUP, el consejo político registró un total de 39 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones.

Esta vez no hubo ningún debate en el cónclave de Vilafranca del Penedès: los representantes de la CUP tenían los números en la mano, y eran conscientes de que prolongar la decisión perjudicaría su imagen pública.

EL PRECIO DEL NUEVO FAVOR. La aprobación de los presupuestos viene con condiciones. El dirigente Quim Arrufat anunció que el voto positivo de la CUP "es un sí condicional y tiene fecha de caducidad. Puigdemont se comprometió a celebrar el referéndum en setiembre y si esto no sucede la CUP romperá con el gobierno".

Es notorio que los anticapitalistas no están conformes con los presupuestos. La legisladora Eulàlia Reguant dijo que las cuentas del Govern "no abordan las políticas fiscales ni públicas de forma valiente ni efectiva", y criticó que representan una continuidad de "las políticas que han regido durante los 35 años de Convergència en el poder". Junts pel sí cedió en aumentar en 140 millones las partidas para educación, pero se ha negado a subir el tramo autonómico del IRPF, incrementar el impuesto del patrimonio, o recuperar el de sucesiones. 

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