La CUP heredera del 15M frena el pacto para investir a Mas

Las negociaciones entre Junts pel sí y la CUP para formar un nuevo gobierno en Cataluña «van para largo», según explican fuentes de Junts pel sí, la lista de Artur Mas, que engloba a CDC, ERC y miembros de la sociedad civil catalana.

Las dificultades para alcanzar un acuerdo radican en el hecho de que la CUP no es una organización homogénea. La formación se autodefine como «asamblearia, independentista, socialista y desligada de las formas de dominación patriarcal».

Herederos del 15M

Pero hay una rama, la barcelonesa, más obrerista, que pone el acento en la defensa de las clases populares y que sería la heredera del espíritu del 15M. En cambio, las CUP del territorio, del resto de Cataluña, aún sin renunciar a su anticapitalismo, subrayan su vertiente independentista.

«Con las CUP de fuera de Barcelona no nos será difícil entendernos, pero con los de la ciudad, las cosas son mucho más complejas», apuntan las mismas fuentes de Junts pel sí, quienes reconocen que no se puede dar por hecho que se llegará a un acuerdo.

Negociaciones centradas en el qué

De momento, las negociaciones, que están siendo muy discretas, se centran en el qué y no en el quién. En su famosa conferencia del pasado jueves, la CUP puso tres condiciones para cerrar un pacto de gobierno con Junts pel sí: impulsar el proceso de independencia, desobedecer la legalidad española y poner en macha un plan de choque social.

Estas condiciones ya suponen una rebaja de las exigencias iniciales de las CUP, que en su programa electoral abogaban por una república catalana fuera de la Unión Europea y del euro y por medidas anticapitalistas radicales como la nacionalización de la banca.

Acelerar el proceso de independencia

Junts pel sí puede aceptar la propuesta de impulsar el proceso de independencia. Mas y Oriol Junqueras ya acordaron un camino hacia la secesión en un plazo de 18 meses. La CUP podría modificar ese pacto para acelerar el procedimiento.

Algo parecido ocurre con lo de desobedecer la legalidad española. Eso es algo en lo que Mas, imputado por la organización del referendo alternativo del 9N, ya tiene experiencia. Ni a Mas ni a Junqueras les dolerán prendas por no hacer caso de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Deshacer las privatizaciones

Algo más complejo es el asunto del plan de choque social, en el que la CUP de Barcelona centra sus reivindicaciones. Los cuperos quieren que Mas deshaga todas las privatizaciones que ha realizado su Govern. También pretenden que dé prioridad presupuestaria a evitar que haya hogares que no puedan pagar las facturas de la luz y el agua.

ERC puede ser más sensible a esas demandas. A CDC le costará aceptarlas. Aún así, los convergentes podrían lograr un aplazamiento de las reivindicaciones y dar prioridad a la puesta en marcha del proceso de independencia, dejando para más adelante la cuestión social.

Mas no dará un paso atrás

Pero incluso en el supuesto de que se superen todos estos escollos, las negociaciones tendrán una segunda fase todavía más compleja. Mas no está dispuesto a ceder el liderazgo del proceso independentista. Quiere ser presidente de la Generalitat sí o sí y no piensa dar un paso atrás ni siquiera como gesto patriótico.

La CUP prometió durante la campaña que no haría presidente a Mas, porque lo vincula con la corrupción y los recortes. Y la CUP no es un partido tradicional de esos que en un momento dado cambian de opinión. Es una formación asamblearia que hace lo que digan sus afiliados.

¿Nuevas elecciones?

Si ni Mas ni la CUP dan su brazo a torcer, la partida acabará en tablas. La falta de acuerdo llevará a una nueva convocatoria electoral. El plazo límite para saber si hay o no fumata blanca es el 9 de enero, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Parlament para iniciar una nueva legislatura. Si llegada esa fecha, Junts pel sí y la CUP no se han entendido, Mas lo tiene muy claro: volverá a llamar a los catalanes a las urnas.