La extradición de Artur Mas (el estado de derecho en la India y en Cataluña)

Los gobernantes autoritarios adoran lucirse como la encarnación de la nación misma, sintiéndose con derecho a aplastar cualquier crítica como traición y sedición. Pero uno de los resultados de la hegemonía ideológica de la democracia liberal es que incluso los dictadores más enardecidos se sienten obligados a fingir respeto por el imperio de la ley, para disimular que la única ley que imponen es la de quien impera, aplastando a quienes se les oponen mediante jueces sumisos que aplican leyes inicuas.

Es un homenaje a la observación de La Rochefoucauld: «La hipocresía es el cumplido que el vicio hace a la virtud».

Sus parodias de juicios arrojan una sombra de sospecha sobre las leyes y los jueces incluso en las democracias liberales, donde es demasiado fácil para los políticos tramposos poner el grito en el cielo cuando son procesados, fingiendo ser víctimas de leyes ilegítimas y de jueces injustos sometidos al gobierno.

Como James Madison dijo, «si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles ni externos ni internos sobre el gobierno». No es el caso, así que nuestra caída condición no puede impedir totalmente que haya leyes malvadas y jueces subordinados, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Me desempeñé durante siete años en el Consejo General del Poder Judicial, dedicado a sostener y defender la independencia de los jueces frente a gobernantes demasiado ávidos en obtener las resoluciones que anhelaban. No siempre fue fácil, a veces fue muy duro y desagradable, pero para eso están los controles y contrapesos, y en eso consiste el servicio público.

El conflicto habitualmente se plantea en torno a la libertad de expresión, o bien mediante leyes sesgadas, cuya redacción ambigua permite cualquier desmán, y sentencias partidistas, ambas encaminadas a silenciar a los discrepantes; o bien por políticos que denuncian ser procesados como una violación de su derecho a la libertad de expresión.

A la mente acuden dos democracias liberales, la India y la Cataluña gobernada por España.

LEYES SESGADAS EN LA INDIA. La vigente ley de sedición, aprobada en tiempos del raj británico, se ha usado a menudo contra periodistas, escritores, estudiantes, activistas sociales, adversarios políticos, y críticos del gobierno.

En 2016, el Tribunal Supremo pidió a todas las autoridades que se atuvieran a las directrices establecidas por su decisivo fallo de 1962, ‘Kedar Nath contra el Estado de Bihar’: las expresiones aún extremas usadas para expresar la desaprobación de medidas gubernamentales no incurren en sedición si no incitan a la violencia ni van encaminadas a promover desórdenes públicos.

Un sinnúmero de personas, sin embargo, han sido acusadas de sedición por haber faltado al respeto al himno nacional, entre ellas el escritor Kamal C. Chavara, y el líder estudiantil Kanhaiya Kumar también lo ha sido porque supuestamente gritó consignas anti-India en un mitin.

Hasta donde se me alcanza, ninguna de estas personas ha acusado a los jueces de estar políticamente sesgados en su contra, y por ello el conflicto se resolverá en el marco constitucional de jueces aceptados y respetados por todas las partes involucradas. Lo que se discute es el alcance de la sedición y de la libertad de expresión, y el marco constitucional de ambas.

JUECES SESGADOS EN CATALUÑA. Eso no es, lamentablemente, lo que sucede hoy en día en Cataluña, donde los jueces son regularmente vilipendiados como operadores políticos de cuyos hilos tira el gobierno español. Este umbral ha sido dramáticamente cruzado por políticos catalanes procesistas: concejales, diputados, y miembros del gobierno catalán, incluso Carles Puigdemont y Artur Mas.

Algunos de ellos han sido procesados por desobediencia a la autoridad judicial, pero nadie ha sido procesado por propugnar la independencia de Cataluña, por mucho que pretenda hacer creer lo contrario la incesante propaganda promovida por el gobierno catalán y sus afines medios de comunicación, tanto los públicos como los concertados, fingiendo que dichos procesamientos reprimen la libertad de expresión.

La causa de los procesamientos estriba en autoridades públicas que desobedecen a los jueces que les ordenan no hacer aquello que los propios jueces han declarado ilegal, como permitir un voto en el parlamento catalán sobre las medidas para, en cierto modo, preparar la independencia de Cataluña, u organizar un simulacro de referéndum incumpliendo su prohibición por el Tribunal Constitucional.

La respuesta de los políticos catalanes procesistas ha sido adoptar una postura populista y autoritaria sosteniendo que la voluntad del pueblo es suprema y está por encima de las leyes y de los jueces, para encarnar ellos mismos esa alegada voluntad del pueblo y así colocarse por encima de las leyes que ellos mismos declaran ilegítimas y de los jueces que ellos mismos declaran injustos.

Una postura asombrosa que desafía los principios mismos del estado de derecho, de los controles y contrapesos, y de la separación de poderes, cuya pendiente resbaladiza les ha conducido a negar la revisión judicial y a denunciar a los jueces que les procesan y juzgan como meros ejecutores de los designios gubernamentales españoles.

Francesc (Quico) Homs, diputado en las Cortes españolas, ha declarado tras ser procesado por el Tribunal Supremo de España: «Este es un juicio político, no legal. Cuando veo las posiciones coincidentes tanto de la acusación como de los jueces veo que esto está muy cocinado.»

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, dice: «Estoy absolutamente convencido de que tanto yo como los miembros del gobierno catalán acusados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña seremos condenados. La sentencia está pre-redactada. No digo que ya está redactada porque sería feo, pero está redactada o pre redactada.» Olviden cualquier pretensión al decoro pertinente a las altas funciones ejercidas, que debiera mantenerse en toda circunstancia.

En Cataluña se combate sin guantes

LA EXTRADICIÓN COMO JUICIO JUSTO. ¿Están estas acusaciones patilleras contra los jueces realmente fundadas, o son meros despotriques de políticos fulleros desviando la atención? Hay una manera de averiguarlo: si los procesados, singularmente Mas, realmente se creen lo que dicen, si los jueces españoles fueran títeres cuyas hilos maneja el gobierno español, lo correcto, para obtener un juez imparcial sujeto solamente al imperio de la ley, en lugar de los jueces españoles que dicen que no lo son, es salir del país e irse a Francia.

España solicitará rápidamente la extradición-EAW, a la que pueden oponerse solicitando al juez francés que no les entregue a España porque su procesamiento se funda en motivos políticos (considerando 12, artículo 1.3 del MDE). El gobierno español no tiene forma alguna de imponer su voluntad a los jueces franceses, por lo estos pueden proporcionar a Mas y a los demás procesados el juicio justo y el veredicto imparcial a que toda persona tiene derecho.

Si ellos, especialmente Mas, ganan el caso, deberán optar entre el exilio o el regreso a Cataluña para ser juzgados, reforzados entonces por haber sido judicialmente denegada la petición de extradición-EAW, y por toda la simpatía y apoyo que este resultado haría surgir en todo el mundo a su favor, especialmente de Mas, y en favor de los anhelos de Cataluña.

—Artículo publicado por Business Insider.