La Fiscalía acusa a los ministerios de Industria y Medio Ambiente de prevaricación por el 'caso Castor'

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ADJUDICACIÓN PÚBLICA

Redacción

El ministro Soria, el presidente de ACS, Florentino Pérez, y la responsable de Medio Ambiente en España, Isabel García Tejerina
El ministro Soria, el presidente de ACS, Florentino Pérez, y la responsable de Medio Ambiente en España, Isabel García Tejerina

Barcelona, 23 de diciembre de 2014 (12:21 CET)

La Fiscalía de Castellón ultima la denuncia contra dos ministerios por el caso Castor. La institución informa este martes que ha recibido el visto bueno de la Fiscalía General del Estado para acusar de los delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente al departamento de Industria, dirigido por José Manuel Soria, y el de Medio Ambiente, liderado por Isabel García Tejerina.

El jugado de Vinaroz debe decidir si está de acuerdo en investigar los posibles errores que ocurrieron durante la concesión del proyecto. La Fiscalía indica que ha detectado hechos "aparentemente delictivos" durante el proceso que podrían justificar los terremotos en la costa de Castellón cuando el almacén de gas empezó a operar.

Responsabilidades a ACS

El ministerio fiscal lanza sus acusaciones contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, una de las empresas públicas que dependen del Ministerio de Medio Ambiente; y contra los del Ministrio de Industria que intervinieron en la concesión que se llevó ACS.

La justicia también pide responsabilidades a la constructora presidida por Florentino Pérez. Fiscalía inculpa de los mismos delitos a la compañía Escal UGS, la sociedad capitaneada por ACS (controla más del 66% de la propiedad junto a la canadiense CLP) que se encargó de construir el almacén de gas Castor.

Indemnización de 1.350 millones

Por el momento, la demanda no incluye la indemnización de 1.350 millones que se llevó Pérez por la cancelación del proyecto dictada por el Gobierno central, que no tuvo más remedio que cancelar el almacén de gas tras detectar más de 200 microseísmos en la costa valenciana en octubre de 2013.

ACS recibió la compensación pública en menos de un mes. La rapidez del Ejecutivo ha sido criticada dentro y fuera del Congreso.

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