La Generalitat aprovecha la marcha de Montoro para relajar controles

El conseller de Políticas Digitales suspende la auditoría ordenada por Montoro durante la vigencia del 155 sobre los servicios informáticos de la Generalitat

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El nuevo conseller de Políticas Digitales y Administración Pública del Govern de Quim Torra, Jordi Puigneró, ha dado la orden de cancelar la auditoría en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) que fue encargada el pasado noviembre por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante el periodo de intervención de la Generalitat por parte del gobierno central en virtud de la aplicación del artículo 155.

El consejo de administración del CTTI ha aprobado este jueves por la mañana, a propuesta del conseller Puigneró, «suspender la auditoría ordenada por el exministro de Hacienda para controlar el funcionamiento de los servicios informáticos de la Generalitat», según ha informado el departamento de Políticas Digitales en un comunicado.

«La voluntad y obligación de este Govern es deshacernos del 155, también a nivel digital», ha dicho Puigneró

«La voluntad y obligación de este Govern es deshacernos del 155, también a nivel digital. Pararemos cualquier ataque contra los sistemas de información de la Generalitat y trabajaremos para garantizar la defensa de los profesionales de la administración catalana y de los derechos de los catalanes ante el asedio del Estado», ha dicho Puigneró.

La auditoría la decidió el Gobierno de Mariano Rajoy a finales del pasado mes de noviembre con el objetivo de fiscalizar los usos tanto de la red de aplicaciones como de los sistemas de protección y defensa de los servicios informáticos de la Generalitat, y comprobar de ese modo si el centro de telecomunicaciones del gobierno de Carles Puigdemont se había extralimitado en sus competencias en aras de ponerse al servicio del proceso independentista, como temía el Ejecutivo central.

En su día, el ministro Montoro justificó la medida «ante las dudas suscitadas sobre si la gestión y financiación de las infraestructuras y sistemas informáticos» de la Generalitat eran «acordes al ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas».

 

 

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