La Generalitat combatirá el 'top manta' con publicidad

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Varios departamentos del Ejecutivo catalán se unen a la Policía Nacional para concienciar a los consumidores sobre el daño social y económico que provoca esta conducta ilegal

21 de julio de 2011 (20:17 CET)

El Gobierno catalán se ha puesto manos a la obra para erradicar el top manta de las ciudades. Tras dotarse de un nuevo marco legal que permite sancionar a cualquier persona que participe en el fenómeno --incluidos los compradores--, esta misma semana dará comienzo una campaña de sensibilización que utilizará herramientas puramente publicitarias para concienciar a los consumidores sobre el impacto negativo que esta conducta genera a nivel social y económico.

El departamento de Ocupación y Empresa ha coordinado a la dirección general de Comercio y a la Agencia Catalana de Consumo con la Policía Nacional para distribuir 220.000 dípticos y 12.000 carteles que inundarán las calles de las ciudades más turísticas de Catalunya, caldo de cultivo de esta práctica al margen de la ley. Por esta misma razón y aprovechando la cúspide de la temporada de turismo, el material publicitario se ha editado en siete idiomas diferentes. El departamento dirigido por Francesc Xavier Mena quiere asegurarse que el mensaje también cala entre los turistas.

La campaña institucional contra el top manta incluye recomendaciones para evitar la compra de productos y servicios ofrecidos en espacios públicos no autorizados. Además, la Generalitat advierte de que tanto la venta como la compra de productos del top manta es sancionable. En este sentido, el Gobierno catalán aprobó la modificación de la norma legal, a través de la ley de promoción económica, que permite multar tanto a quienes ofrecen servicios o productos ilegalmente como a quienes deciden adquirirlos.

Según la Generalitat, la venta ilegal en la calle genera competencia desleal y agrava les dificultades de las empresas y comercios legalmente establecidos, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. El fenómeno implica también un fraude contra la hacienda pública ya que no genera ni impuestos ni cotizaciones.
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