La Guardia Civil registra el ayuntamiento de otro alcalde del Pdecat
La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de La Seu d’Urgell, gobernado por Albert Batalla (Pdecat), por un presunto fraude
La Guardia Civil investiga un presunto delito contra la administración pública y de fraude en subvenciones en el Ayuntamiento de La Seu d’Urgell (Lleida). Agentes de la benemérita buscan desde las primeras horas de este jueves documentación relacionada con estos hechos.
Agentes de la Guardia Civil han entrado en el consistorio y en la sede del Consejo Comarcal del Alt Urgell. La operación se desencadenó después de una denuncia de la fiscalía, precisaron fuentes judiciales a la agencia Efe.
El registro se inició a las 8.00 horas de la mañana. Se mantiene el secreto de las actuaciones de este caso, que instruye el juzgado número 2 de La Seu d’Urgell.
Alcalde independentista
El Ayuntamiento de La Seu d’Urgell tiene como alcalde a Albert Batalla, del Pdecat, que forma parte del círculo de amistades del expresidente Carles Puigdemont.
Batalla es alcalde desde 2008. Tiene 41 años. Fue diputado del parlamento catalán del 2003 hasta el 26 de octubre de 2017. En esa fecha, anunció su dimisión como diputado y su baja del partido en el momento en que se anunció que Puigdemont convocaría elecciones anticipadas en Cataluña. Aunque finalmente no las convocó y se aplicó el artículo 155, Batalla declinó concurrir a las lista de Junts per Catalunya en las siguientes elecciones del 21 de diciembre de 2017. No obstante, mantuvo la amistad con Puigdemont.
La operación de la Guardia Civil de este jueves no está relacionada con el llamado ‘procés’ independentista sino con un presunto delito contra la administración pública. Los agentes han solicitado a los funcionarios la entrega de documentación.
Fuentes judiciales señalan que este procedimiento se abrió el pasado 26 de marzo a raíz de una querella contra 4 personas relacionadas con este ayuntamiento. No precisan su identidad.
El mismo día de la presentación de la querella se solicitó y acordó la entrada y registro en el ayuntamiento. En esta causa se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, contra la administración pública, fraudes contractuales, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios.
