La justicia aplica mano dura a la mafia china que operaba en 80 talleres ilegales de Mataró
Pide 77 años de cárcel para 10 imputados que dirigían el negocio desde tres gestorías de la provincia de Barcelona
La Fiscalía pide un total de 77 años de cárcel para los miembros de una red mafiosa que se dedicaba a explotar laboralmente a centenares de ciudadanos chinos en Mataró. Las víctimas trabajaban en condiciones infrahumanas en más de 80 talleres clandestinos repartidos en la capital del Maresme.
El día 16 de junio del 2009, el juez de instrucción número 2 de Mataró ordenó a la Unidad Central de Tráfico Ilícito de Seres Humanos de los Mossos d´Esquadra la entrada y registro en los talleres clandestinos y la detención de los responsables de la red.
Desde hacía meses, esta unidad especializada de la policía autonómica mantenía una secreta y exhaustiva investigación de todos los flecos de este caso, tanto los que se referían a la actividad comercial y productiva de los talleres, como a la falsificación documental que utilizaban los sospechosos para disimular la actividad de dichos talleres.
Chinos hacinados y explotados
Los agentes policiales constataron como decenas de ciudadanos chinos vivían hacinados en los propios talleres dónde eran obligados a trabajar más de 15 horas al día y en una evidente situación de insalubridad.
El fiscal relata en el escrito de acusación provisional…»que las condiciones laborales impuestas consistían en jornadas de trabajo de excesiva duración (más de 15 horas), ausencia de descanso semanas, ausencia de vacaciones, escasa retribución (incluso nula, cuando los empleados enfermaban o se veían obligados a tener que comer y dormir en el propio taller). Los centros, por otro lado, carecían de las condiciones básicas de salubridad».
Víctimas y sin poder denunciarlo
En este escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Economía Digital, el Ministerio público añade «que los trabajadores se veían obligados a aceptar dicha inhumana situación dada la precariedad de la situación y la necesidad de asegurarse la subsistencia teniendo en cuenta que no podían recaba auxilio de las autoridades españolas para que estas no detectaran su ilegal situación en España».
La red funcionaba como una verdadera industria criminal. La dirección de todas las operaciones y el control de la producción y de la mano de obra se realizaba desde tres gestorías situadas en Barcelona, Santa Coloma y Mataró.
Según la Fiscalía, el grueso de la producción se vendía a otras empresas que, a su vez, la revendían a establecimientos dedicados al ramo de la moda.
Dos testigos protegidos
La investigación judicial nace de la declaración de dos ciudadanos chinos captados en su país por esta red, introducidos en España de forma ilegal, y, una vez en Mataró, obligados a trabajar prácticamente como esclavos en esos talleres clandestinos.
Ambos se han acogido a la condición de testigos protegidos.
El juicio se dirige contra los diez e imputados, todos de nacionalidad china, menos una mujer argentina, y se celebrara en la Audiencia de Barcelona el próximo octubre.
Es el juicio más importante contra una presunta red de explotación laboral de ciudadanos chinos que se celebra en España.
