La oposición acusa al Govern de acabar con la cohesión social

Tras la comparecencia de los consellers Mena y Cleries, la oposición ha criticado la decisión del Govern de modificar el procedimiento de pago de la RMI y les acusa de romper la cohesión social.

La diputada socialista, Eva Granados, ha señalado a los consellers como responsables de “generar la peor crisis de los servicios sociales” porque no salen “ni los números, ni las letras ni la música”. Ha explicado que el pirmi es “un instrumento de cohesión social”, un extremo que asegura que el actual Ejecutivo olvida. Ha señalado que todavía ahora “hay familias que están dos meses sin cobrar y que eso no es una molestia sino un drama social” y que el aumento de prestaciones se debe a «más paro y más pobreza en esta época de crisis».

Ha sido especialmente dura con Mena, a quien ha acusado de “vincular la inmigración con el fraude”. Afirma que tanto él como el responsable de Benestar Social i Família son “unos burócratas” que han generado más trámites y más costes, contratando a gente “de forma innecesaria”. 

El PSC exige a los convergentes que “pidan perdón” y que reconozcan “el error” de la RMI rechazando el decreto tal y como está definido.

El PP centra el problema en la falta de coordinación

El PPC, representado por Josep Enric Millà, ha revelado que la gestión de la Generalitat “no ha sido buena ni ahora ni antes” en referencia al resto de partidos políticos que han gobernado en otras legislaturas y que se han dedicado a “matar moscas a cañonazos”.

Sin embargo, se ha mostrado a favor del conseller Cleries en la decisión de limitar el cobro del pirmi a 60 meses, porque “la regulación actual no funciona” y lo que exige el sistema son “ayudas de reinserción”.

Por ello, pide una prestación para el sector de la población más necesitado pero que no esté “pervertida” como hasta ahora. Además, reclama una reforma completa de la ley de Renta Mínima “de arriba a bajo”.

“Falta de sensibilidad” y alternativas

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de ICV-EUiA, Joan Herrera, ha tachado de “insensibilidad humana” la corrección prepuestaria que ha llevado a cabo el Govern sin previo aviso y «sin comunicarlo a los afectados, a los trabajadores sociales y a los ayuntamientos». Ha incurrido en que el Ejecutivo “no es amigo de los ciudadanos” y especialmente “de los más vulnerables”.

Pere Bosch, de ERC, ha añadido que los ajustes de este tiipo significan una “auténtica lesión” a la cohesión social, uno de los fundamentos del país. Ha reclamado caminos alternativos porque la medida “era evitable».