La presión social abre la puerta a la dación en pago

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Concentración ante el Congreso de los Diputados mientras se debatía la dación en pago - EFE/Kiko Huesca

12 de febrero de 2013 (21:16 CET)

La presión social ha conseguido forzar el debate sobre la ley hipotecaria y el drama social de los desahucios en el Congreso de los Diputados, abriendo la puerta a la dación en pago. El texto promovido por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y ratificado con el apoyo de casi un millón y medio de firmas, iniciará su recorrido parlamentario en cuanto lo autorice la Mesa del Congreso.

El Partido Popular (PP) cambió de opinión en el último momento de la votación de este martes en contra de todo pronóstico. Por la mañana mostraba su oposición a la iniciativa legislativa popular (ILP) antidesahucios, incluso después de reunirse con la portavoz de la plataforma, Ada Colau.

Los populares defendían que la dación universal retroactiva no era la solución para las familias. Pero justo a mitad del debate en el Congreso, y cuando el ambiente se empezaba a caldear con las intervenciones, el portavoz del partido del Gobierno, Alfonso Alonso, comunicó la rectificación. Una marcha atrás que también abre la puerta a paralizar los desalojos y a promover un parque de viviendas públicas.

Expulsión de la sala

El Ejecutivo, finalmente, votó a favor de la propuesta para iniciar el trámite. Y en su justificación, el PP aseveró que el partido y la PAH “van por el mismo camino” y que la formación política” pasará a la historia como el único capaz de recoger la voz de la ciudadanía”.

Unas palabras que provocaron la indignación de los miembros de la plataforma presentes en la Cámara baja que a grito de “sinvergüenzas”, “ladrones” y “sí se puede”. fueron expulsados de la sala a petición del presidente del Congreso, Jesús Posada.

Disculpas socialistas

Pero antes de conocerse el voto a favor del PP, miembros del resto de formaciones con representación en el Congreso instaron a aprobar la tramitación de la iniciativa. El grupo Socialista reiteró su voto a favor de la ILP. Aunque la novedad vino de la mano de Leire Iglesias, quien pidió disculpas por no haber aprobado medidas paliativas cuando gobernaba el PSOE.

El portavoz parlamentario de Convergència i Unió (CiU), Pere Macías reclamaba “por una vez quedar bien” y acabar contra una “aberración ética” introduciendo mecanismos de mediación. Joan Baldoví de Compromís-Equo parafraseó que “no se puede servir a Dios y al Dinero”, palabras recogidas en la Bíblia, dirigiéndose a los diputados peperos.

Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se instaba a desahuciar a los bancos y a ser sensibles ante la situación. Y por su parte, Joan Tardà, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) criticaba que el Gobierno trabajara al servicio del capital y las entidades financieras en vez de en favor del pueblo.

Martes negro

Un cúmulo de críticas que protagonizaron el debate parlamentario y que ha forzado al Gobierno ha cambiar de opinión. Pero no ha sido lo único. La presión social también se vivía a las puertas del Congreso donde se concentraron centenares de personas reclamando la tramitación. Al mismo tiempo se conocía el suicidio de un matrimonio de jubilados de Mallorca que iba a ser desahuciado.

Alonso aseguró que después de consultar con los servicios jurídicos de la Cámara, se agilizará lo máximo posible los trámites con idea de que ambos textos, el del Gobierno y el de la plataforma, se traten de forma conjunta.

Andalucía a la cabeza

Este martes, las entidades que han promovido la iniciativa publicaron un manifiesto en el que pedía su aprobación. En el texto se recoge que desde el inicio de la crisis se han realizado 400.000 ejecuciones hipotecarias, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Andalucía es la comunidad autónoma que lidera el ranking seguida de Catalunya y el País Valenciano. Una cifra alarmante pese a que los impagos de hipotecas se situaba en el 3,4% el último trimestre de 2012, ocho décimas más que en el mismo periodo de 2011.

Movilización social

Comisiones Obreras (CCOO) señala que si no hubiera habido un ambiente de sensibilidad a flor de piel, habría pasado de puntillas. No desmerecen el cambio de opinión del Ejecutivo, pero recuerdan que no han apoyado la iniciativa, sino que la voluntad social ha doblegado su posición. Un triunfo de la movilización social que en los próximos meses verá si se concretan las peticiones.
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