Junqueras dirigiéndose a Sánchez durante la sesión constitutiva de este martes en el Congreso. EFE/Ballesteros

La sentencia del procés: hoy revienta la campaña del 10-N

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Los partidos se preparan para las consecuencias del fallo: la campaña patas arriba, un nuevo duelo Generalitat-Gobierno y una amenaza de colapso en Cataluña

Barcelona, 14 de octubre de 2019 (04:55 CET)

Sabían que pasaría, y pasará este lunes. La sentencia del Tribunal Supremo en la causa del procés, que, salvo giro inesperado, se hará pública este y lunes que, con toda seguridad, condenará a penas de prisión a los líderes independentistas procesados, es la espoleta para desencadenar una respuesta que contaminará toda la campaña electoral del 10-N. 

De hecho, las condenas de los encausados comportarían su inhabilitación y, en consecuencia, su salida de las listas. Oriol Junqueras, que es el que se expone a una condena más dura, volvió a ser ratificado como número 1 de ERC poor Barcelona al Congreso, y Raül Romeva también repite como candidato de Esquerra al Senado. 

Lo mismo vale para Junts per Catalunya, que ha situado a cuatro encausados encabezando sus listas: Jordi Sànchez por Barcelona, Joaquim Forn por Girona, Jordi Turull por Lleida y Josep Rull por Tarragona.

En todos esos casos, una sentencia condenatoria comportaría sustituir a los candidatos, que tienen que ser proclamados este mismo lunes día 14 por las juntas electorales provinciales, según el calendario electoral fijado. Pero eso ya estaba previsto por los partidos independentistas, que asumían esa posiblidad y que tratarán de sacarle partido en forma de gasolina electoral.

De hecho, teniendo en cuenta que la más que posible sustitución de los candidatos encausados ya formaba parte del plan, esa es casi la menor de las consecuencias que la sentencia puede tener para la campaña.

Sánchez y la contrarréplica

La magnitud de la respuesta condicionará también la postura de los partidos constitucionalistas respecto de la contrarréplica. Cs, en caída libre en las encuestas, insiste en la aplicación del 155, y redoblará la exigencia en función de la intensidad de la reacción al fallo del Supremo. El PP ha aparcado esa posibilidad, pero insiste en la pertinencia de aplicar la Ley de Seguridad Nacional para que la coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Mossos d'Esquadra incluidos, recaiga directamente en el presidente del Gobierno. 

Pedro Sánchez, de todos modos, ya ha endurecido el discurso respecto de los independentistas y ha advertido que, llegado el caso, no le temblaría el pulso ni para aplicar la ley de seguridad ni para una nueva intervención en Cataluña. Lo que está por ver es si esas declaraciones de intenciones se harían carne si hubiera efectivamente desobediencia institucional en Cataluña.

Claro que ese extremo no está previsto ni se ha puesto encima de la mesa salvo en forma de brindis al sol sin concreciones por parte de algunos líderes soberanistas, entre los cuales, el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Pero el caso es que ni en su propio gobierno cuenta Torra con suficientes apoyos para dar ese paso: ni están por la labor sus socios de ERC ni tampoco parte de los consellers de su propia formación, JxCat.

Desobediencia civil

Descartada, o eso parece, la desobediencia institucional, queda por medir la civil, el grado de inflamación que alcanzará la protesta en la calle, cual será la respuesta policial y como puede influir esa situación tan volátil en las urnas el mes que viene. De momento, el independentismo aspira a recuperar todo su poder movilizador que en la última Diada y en el segundo aniversario del 1-O quedó acreditado que está en franco retroceso.

Los CDR amagan con respuestas contundentes pero lo cierto es que el  pasado 1 de octubre los incidentes fueron mucho menores que los registrados el primer aniversario del referéndum, y la ANC ha planteado una serie de marchas que partiendo de distintos puntos de Cataluña confluirían en Barcelona al cabo de tres días y 100 kilómetros de caminatas cortando carreteras y/o autopistas.

Por su parte, el Cecor, el centro de coordinación operativa entre cuerpos policiales, se activó el sábado. El viernes se acordó que los Mossos, que se han desmarcado de los llamamientos de Torra a la desobediencia, dirigirán el centro, y que la Guardia Civil y la Policía Nacional se incorporarán al mismo en cuanto se conozca la sentencia y reforzarán la seguridad en  infraestructuras básicas, como el puerto y el aeropuerto de Barcelona o el AVE.

Por lo demás, será la policía catalana la que llevará de entrada la voz cantante, en base a sus competencias, pero habrá 1.200 agentes de la Policía Nacional y 900 guardias civiles disponibles en caso de que los Mossos necesitaran refuerzos. 

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