La Sindicatura de Cuentas de Cataluña constata que las adjudicaciones de obra pública del gobierno de Artur Mas no fueron tan impecables como aseguró su presidente. /EFE/QG

El ranking de contratos de obra del gobierno de Mas en tiempos del 3%

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La Sindicatura de Cuentas constata que en muchas adjudicaciones de obras del gobierno de Mas se impusieron los criterios subjetivos a los objetivos

Josep Maria Casas

Economía Digital

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña constata que las adjudicaciones de obra pública del gobierno de Artur Mas no fueron tan impecables como aseguró su presidente. /EFE/QG

Barcelona, 16 de mayo de 2019 (20:35 CET)

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña constata en un informe numerosas deficiencias en los criterios que aplicó Infraestructures.cat, el gestor de obra pública de la Generalitat, en la adjudicación de contratos durante el gobierno de Artur Mas. Pese a que no hace ninguna referencia al caso del 3% que se instruye en la Audiencia Nacional, la Sindicatura relaciona las constructoras que recibieron los contratos más voluminosos. Algunas de ellas figuran entre las investigadas por las supuestas mordidas de la antigua Convergència (CDC).

La adjudicación de obra pública se desmoronó durante el gobierno de Mas a causa de la crisis económica. Sin embargo, las adjudicaciones de obras y servicios por parte de Infraestructures.cat no fue tan transparente como aseguró el entonces presidente de la Generalitat.

La Sindicatura analiza la gestión de Infraestrcutures.cat entre 2012 y 2014, periodo que engloba la mayor parte del mandato de Mas como presidente de la Generalitat (2011-2015). El director del gestor de infraestructuras públicas durante los años analizados era Josep Antoni Rosell, investigado por el caso del 3%.

Entre 2012 y 2014, las adjudicaciones de obras públicas de mayor importe económico se las llevó, por este orden, las UTEs integradas por Beniutó Arnó y Oproler, con 11,3 millones de euros; Acsa y grupo Soler, con 11,1 millones; Emte (en solitario), 10 millones; FCC y Copisa, 8,7; Acciona, Acasa y Comsa, 8,3; Benitó Arnó (en solitario), 8,3; Grupo Soler y Oproler, 8,1. En total, se adjudicaron obras por un importe que superó los 248 millones de euros.

Por lo que se refiere a los servicios,  los primeros puestos están ocupados por FCC, que obtuvo 74 adjudicaciones por un importe de 4,5 millones de euros; Auditorias e Ingenierías y Sener, 2,2 millones; Auditorías e Ingenierías y GPO, otros 2,2 millones. El importe total de adjudicaciones de servicios se acerca a los 90 millones de euros.

1,7 millones de euros para Roca Junyent

Como curiosidad, el despacho de abogados Roca Junyent se llevó durante este periodo 20 contratos de servicios por un importe conjunto de 1,7 millones de euros. El bufete que lidera Miquel Roca Junyent figura entre los donantes de CatDem, fundación de la órbita de CDC ya desaparecida.

La Sindicatura de Cuentas detectó que, en diversos contratos, los criterios subjetivos (que dependen de juicios de valor) tenían la misma puntuación o, incluso, superior que los criterios objetivos (cuantificables). La normativa contractual establece la preponderancia de los criterios objetivos o cuantificables.

Por ejemplo, en quince expedientes adjudicados mediante procedimiento abierto, los criterios subjetivos se ponderaron en un 50%; en otros nueve, alcanzaron entre el 65% y el 70%. De estos últimos, siete eran contratos de conservaciones y mantenimiento de edificios de la Generalitat. En opinión de la Sindicatura, en la conservación o mantenimiento de inmuebles “no hay un componente técnico que justifique la preponderancia del 70% de criterios subjetivos para su adjudicación”.

En otros 18 expedientes “se incumplieron de manera efectiva los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación” pese a que eran supuestos concursos abiertos.

La Sindicatura cuestionó la labor de la Oficina Técnica de Evaluación, creada en 2011 para valorar las ofertas técnicas, porque asumió funciones que correspondían al órgano de contratación.

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