Los inspectores de Hacienda abogan por trabajar de incógnito

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La organización pide obtener información sin tener que revelar su identidad

16 de mayo de 2013 (20:32 CET)

La manipulación de productos y servicios que pueden inducir al fraude se podría tipificar como una infracción tributaria.

O al menos eso pide la organización de Profesionales de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Pero para poder luchar contra estas prácticas fraudulentas, la entidad aboga por trabajar de incógnito.

Productos sin IVA

En la XIII edición de los encuentros tributarios, la organización ha presentado un informe con diversas medidas contra los paraísos fiscales y las prácticas fraudulentas. En él, la IHE defiende que se debería tipificar con infracción tributaria --o en su caso, como delito-- casos como productos que no incluyen el IVA o actuaciones fraudulentas de entidades bancarias llevadas a cabo por sus empleados.

En esta línea, un caso reciente, del que se hace eco la organización, es el del escándalo que salpicó al banco suizo UBS por manipulación del índice interbancario Líbor. Al parecer, varios empleados pudieron modificar la información que sirve de referencia a nivel internacional. La práctica le ha valido una multa de 1.170 millones de euros.

Obtener información


Para evitar este tipo de actuaciones, de mayor o menor alcance, la organización, constituida por unos 1.400 inspectores, pide que la obtención de información se realice de incógnito.

”Se debería regular claramente un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la Inspección”, recoge el informe.

Figura de la denuncia tributaria

Para facilitar la colaboración y evitar este tipo de prácticas, los inspectores también reclaman modificar la ley general tributaria. De esta forma, se quiere potenciar la figura de la denuncia tributaria.

Propone como medida disuasoria que el cliente o empleado conocedor del fraude tenga derecho a participar en el importe de las sanciones que se impongan al denunciado. La medida ya existió hasta 1986. Entonces, el denunciante debía efectuar un depósito para responder de su acusación. Tenía derecho a percibir entre el 20 y el 30% de la multa.
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