Los letrados del Parlament recomiendan reformular las leyes de desconexión con España

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Los servicios jurídicos de la Cámara creen que las normas no deben redactarse mediante ponencia conjunta como quería el Govern

Carles Puigdemont en el Parlament. / EFE

Barcelona, 16 de febrero de 2016 (18:06 CET)

Las leyes que el Govern se plantea redactar en 18 meses para desconectar a Cataluña de España no están bien planteadas. Así lo piensan los servicios jurídicos del Parlament, que han recomendado en un informe reformular la tramitación de estas normas relativas a Seguridad Social, Agencia Tributaria y Transitoriedad Jurídica y que Junts pel Sí y la CUP querían desarrollar mediante ponencias conjuntas.

La pasada semana, el resto de grupos parlamentarios solicitaron un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, petición que fue admitida a trámite por la Mesa, de manera que la constitución de las tres ponencias de las leyes de "desconexión" se ha aplazado hasta que los letrados emitan su informe.

Falta de consenso

Según fuentes de la Mesa de la cámara catalana consultadas por Efe, previsiblemente en las próximas horas los grupos recibirán el dictamen de los servicios jurídicos, aunque los letrados apuntan a que debería "reformularse" la tramitación de estas tres leyes, ya que consideran que una ponencia conjunta no es la vía más adecuada.

Los servicios jurídicos desaconsejan esta vía, ya que a su juicio la ponencia conjunta no reúne el suficiente consenso del resto de los grupos de la cámara, de acuerdo a lo que establece el artículo 126 del reglamento del Parlament.

Proposición de ley

Los letrados entienden, según dichas fuentes, que el debate político de las tres leyes podría producirse mediante otras alternativas, como por ejemplo una proposición de ley, una comisión de estudio o un grupo de trabajo.

Así, el informe jurídico -que no es vinculante- plantea por ejemplo que dicho debate se pudiera producir en el marco de la comisión de estudio del proceso constituyente y, si es pertinente, una vez finalizado, Junts pel Sí y la CUP podrían presentar una proposición de ley.
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