Los técnicos de Hacienda afean el cheque de Sánchez a las CCAA

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El sindicato de técnicos de Hacienda desconfía del decreto del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez con el que pagará 5.500 millones a CCAA y municipios

Economía Digital

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Carmen Calvo en rueda de prensa tras el consejo de ministros, el 11 de octubre de 2019. Foto: EFE/JCH
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Carmen Calvo en rueda de prensa tras el consejo de ministros, el 11 de octubre de 2019. Foto: EFE/JCH

Barcelona, 11 de octubre de 2019 (18:43 CET)

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha aprobado este viernes, a menos de un mes de las elecciones generales, un real decreto ley para pagar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos 5.503 millones de euros de entregas a cuenta de este año. Ello, pese al impedimento esgrimido por la Abogacía del Estado, que un informe recomendó congelar los fondos autonómicos alegando que un Ejecutivo en funciones no puede tomar medidas que comprometan la acción de un futuro gobierno que surja tras la cita de las urnas.

Desde los últimos días de septiembre se podía prever que Sánchez buscaba la forma de aprobar decretos por 7.500 millones de euros antes de que arranque la campaña electoral del 10-N, y este viernes se ha confirmado su intención al informar la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, del pago de 4.682 millones de euros de entregas a cuenta a las comunidades y 821 millones a los municipios. Pero el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) no ha tardado en externar sus dudas sobre este asunto.

No entienden los técnicos de Hacienda que haya un presunto "cambio de criterio" de la Abogacía del Estado con respecto a estos pagos en periodo electoral y señalan que es "contradictorio" que, después del informe en el que decía que un movimiento de este tipo "condicionaba" la labor del próximo Gobierno, ahora el Ejecutivo de Sánchez quiera hacer creer que no pasa nada, que está bien, argumentando que esta financiación de hecho no pasará factura a gabinete que llegue a la Moncloa después del 10 de noviembre.

Desde Gestha recuerdan que los fondos autonómicos permanecían hasta ahora congelados por el informe de la Abogacía del Estado, por lo que reclaman que el organismo publique en su web el documento "en beneficio de la transparencia y neutralidad de las instituciones administrativas". Es decir, los técnicos de Hacienda desconfían del Gobierno cuando dice que "no hay cambios de criterios" en la actualización de las entregas, según explicó la misma ministra este viernes en consejo de ministros.

La asociación ve la "necesidad de seguridad jurídica y transparencia" en materia de financiación local y pide una reforma integral del sistema de financiación autonómica y local. Y recuerda que ya había advertido de que uno de los grandes riesgos fiscales de la repetición electoral era precisamente el retraso de esta reforma, vinculada al debate de la reforma tributaria, en especial de los impuestos estatales y de la armonización de los cedidos por el Estado, compatible con el principio de corresponsabilidad fiscal constitucional, según recoge Europa Press.

El Gobierno se anota "un hito" con el decreto de pagos a las CCAA y ayuntamientos

Montero ha afirmado que el decreto ley se convalidará en la Diputación Permanente y que este paso "muestra un camino" para que las comunidades y los ayuntamientos "no vuelvan a ser víctimas" de un bloqueo presupuestario e institucional del Gobierno central. Los 4.682 millones que se pagarán a las comunidades se suman a los 2.136 millones que ya han recibido en 2019 por distintas previsiones presupuestarias como, por ejemplo, el aumento de la población.

La ministra de Hacienda ha informado de que las comunidades recibirán este año por financiación autonómica un total de 102.800 millones de euros, un 7,15% más que en 2018. La financiación de los ayuntamientos se eleva también a 18.879 millones, un 4,6% más que el año anterior. Montero ha considerado "un hito" que las comunidades no vuelvan a estar supeditadas a un gobierno que no esté en plenas capacidades y con unos presupuestos prorrogados.

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