Los trapicheos valencianos de la Gürtel sientan a 27 personas en el banquillo

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El cerebro de la trama, Francisco Correa, junto a Pablo Crespo, Álvaro Pérez El Bigotes y exaltos cargos de la Generalitat responderán de los contratos con Orange Market

Francisco Correa, el 'cerebro' de la trama Gürtel

Madrid, 12 de enero de 2016 (10:08 CET)

Los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos, relacionados con la trama valenciana del caso Gürtel, serán dilucidados finalmente en juicio oral.

Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien en su auto lleva al banquillo a 27 personas implicadas en la denominada pieza 5 del caso Gürtel procedente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos entre la Generalitat y sociedades del grupo de Francisco Correa, especialmente con Orange Market, la filial valenciana de la trama.

Fianzas

En un auto de 116 páginas el instructor envía esta pieza a juicio ante la Sala de Penal de la Audiencia contra, entre otros, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, así como contra altos cargos y funcionarios de la Generalitat en la época de los hechos.

El magistrado impone fianzas pecuniarias, en concepto de multas más el tercio que establece la ley, por un total de 776.667 euros para Correa, Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños y fianzas que van desde los 4.320 a los 66.667 euros para otros de los acusados.

"Plurales actuaciones"

El magistrado explica que esta pieza se circunscribe al enjuiciamiento de "las plurales actuaciones" llevadas a cabo por los seis acusados mencionados, entre 2004 y 2009, a través de un entramado de sociedades dirigidas y gestionadas por ellos mismos, mediante las que prevaliéndose de especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana "consiguieron, con lucrativo propósito y con perjuicio para las arcas del erario público autonómico, la adjudicación y contratación irregular de numeroso contratos públicos" con diversas consellerías, así como con organismos y empresas públicas dependientes de la Generalitat.

Añade el juez en el auto que para ello, actuando de modo concertado con autoridades y funcionarios públicos, realizaron "toda una serie de actuaciones tendentes a vulnerar la aplicación de la normativa reguladora de la contratación pública y alterar los documentos necesarios para conseguir tal finalidad, siguiéndose otras piezas para la investigación del resto de adjudicaciones presuntamente delictivas".

Escritos de defensa

En la resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional da un plazo de diez días a las partes para que presenten sus escritos de defensa y proposición de prueba frente a las acusaciones formuladas.

De igual forma, De la Mata también acordó la apertura de juicio oral el pasado viernes de las piezas separadas del Caso Gürtel –AENA y Ayuntamiento de Jerez– en las que se investigan presuntas irregularidades cometidas a favor de empresas del grupo de Francisco Correa.

Inhabilitación

Entre los políticos que se sentarán en el banquillo figuran los exconsellers del Gobierno de Francisco Camps, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, y el ex diputado David Serra.

Acusados de un delito de prevaricación administrativa, el juez solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para De Miguel y Serra, ocho para Cervera y siete para Rosado, así como la imposibilidad de ser elegidos en unos comicios durante el tiempo que duren sus condenas.

Serra, exsecretario autonómico de Deportes, será juzgado por la organización del Open de Tenis entre los años 2005 y 2008, mientras que De Miguel deberá responder por las adjudicaciones efectuadas durante el periodo en el que estuvo al frente del departamento de Bienestar Social. Cervera y Rosado harán lo propio por los contratos de la ampliación del Hospital Clínico de Valencia.
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