Los vetos cruzados de PSC y CiU invalidan la comisión del caso Pujol
Artur Suqué, Antoni Subirà, Cristóbal Martell, David Madí, Germà Gordó o Joaquim Triadú no deberán ir al Parlament
Una “cartografia” de la corrupción en Cataluña. Es lo que pretendía el diputado de la CUP, David Fernández, con la comisión de investigación en el Parlament, que, a priori, debía centrarse en el caso Pujol.
Los vetos cruzados entre los distintos grupos, principalmente entre CiU y PSC, sin embargo, invalidarán una comisión que se quedará sin algunos de los principales protagonistas que podrían ofrecer información a los diputados.
Confusión
El problema de los responsables políticos es que han mezclado muchos casos, desde el Caso Mercurio, el Caso Pretoria, el Caso Palau o el Caso Pujol. Y la confusión, como ocurre en la práctica totalidad de las comisiones de investigación parlamentarias es total.
CiU y PSC bloquearon la citación de dirigentes implicados en el Caso Palau, que afecta a Convergència, y del caso Pretoria, que afecta tanto a CiU como al PSC.
El caso es que no asistirán, –algunos de ellos se han sorprendido al verse vetados, porque hubieran ido a ofrecer información de forma gustosa—empresarios como Carles Vilarrubí; Carles Tusquets Trias de Bes –expresidente de Fibanc–; Artur Suqué; Rafael del Pino –Ferrovial—o políticos como Antoni Subirà –ex conseller de Indústria–; Josep Manuel Basáñez –ex conseller de Economia–, David Madí, mano de derecha de Artur Mas cuando fue conseller de Economía, y conseller en cap; o el ex conseller Joaquim Triadú, o el actual conseller de Justícia, Germà Gordó.
Evasores fiscales
También se ha vetado la comparecencia de Miquel Roca, ex secretario general de Convergència, y del abogado de Jordi Pujol, Cristobal Martell, o la ex secretaria personal de Jordi Pujol, Carme Alcoriza, o la hermana del ex President, Maria Pujol Soley; o el abogado Joan Piqué Vidal. Tampoco irá Guillermo Lorenzo, de Emte; ni el ex juex Luis Pascual Estevill; ni el empresario Javier de la Rosa.
Otros dos empresarios, que según David Fenández, que preside la comisión, hubieran sido objetivo número uno –si el objetivo como él mismo ha dicho es averiguar los agujeros fiscales en Cataluña, y que no irán son: Artur Carulla, dueño de Agrolimen, con un caso de supuesta evasión fiscal, y Demetrio Carceller, propietario de Damm.
