Madrid sigue el ejemplo de León para arrebatar la limpieza a las constructoras

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El Ayuntamiento de Madrid analiza el caso de León, que decidió rescindir la recogida de basuras y limpieza vial por el alto coste de los servicios de Urbaser (ACS). Con el cambio, el gobierno local, ahorra más de cinco millones de euros anuales

Dos barrenderos de Madrid.

Madrid , 28 de septiembre de 2015 (20:58 CET)

El Ayuntamiento de Madrid está buscando las fórmulas para volver a gestionar los servicios de limpieza y recogida de basura, privatizados durante los últimos años del gobierno del PP. Los ayuntamientos del cambio, encabezados por Madrid, estudian ejemplos de otras ciudades para aplicar el modelo con los servicios de recogida de basuras y limpieza de las calles. Y este puede ser sólo el inicio.

León es el ejemplo que todos los gobiernos de la izquierda emergente ponen sobre la mesa. El equipo local del Partido Popular, sumido en plena crisis, decidió rescindir en 2013 el contrato de recogida de basuras y limpieza a Urbaser la filial de ACS, presidida por Florentino Pérez, y que también es una de las cuatro concesionarias de limpieza del Ayuntamiento de Madrid.

El gobierno de León gastó 18,8 millones de euros por el servicio en 2012 y la concesionaria le había advertido que el coste subiría en 2013, lo que motivó la decisión de rescindir el contrato, según han explicado a este medio los portavoces del Ayuntamiento. Tras la remunicipalización, el gobierno local ha reducido el presupuesto en limpieza hasta los 14 millones de euros, lo que supone un ahorro de cinco millones anuales.

Los "alcaldes del cambio" comienzan la revisión

Con los votos del Partido Popular y el Partido Socialista (sólo la abstención del concejal de Unión del Pueblo Leonés), el consistorio asumió a los 250 trabajadores que ofrecían este tipo de servicios. Ahora, el ejemplo es el principal caso de estudio de la Plataforma de la Remunicipalización de Madrid, un grupo al que pertenece el concejal de Economía Carlos Sánchez Mato, y que estudia las vías legales para deshacerse de los contratos privatizados por los gobiernos del Partido Popular.

"Hay varios casos que debemos estudiar. Con la remunicipalización, la administración se ahorra los beneficios que añaden las empresas privadas. El servicio público bien gestionado debe ser más económico que el privado", explica Loreto Nebreda, miembro de la plataforma que trabaja estrechamente con el equipo de Ahora Madrid.

Pero Madrid no es el único Ayuntamiento que estudia el caso de León. El Ayuntamiento de Badalona ha anunciado que analizará la remunicipalización de los servicios de limpieza y comenzará por revisar la situación de los contratos de la limpieza de edificios municipales. En el mismo proceso se han encaminado otros ayuntamientos como el de Cádiz, Chiclana y El Puerto.

Precedentes europeos

El camino de la remunicipalización fue marcado por París cuando en el año 2001 comenzó los estudios para devolver a manos públicas la gestión del agua de la ciudad. El proceso fue largo y engorroso. Las empresas gestoras del servicio Suez y Veolia batallaron en los tribunales y opusieron resistencia en el traspaso de procesos como el de la base de datos y el histórico de uso de los clientes.

Nueve años más tarde, en 2010, el Ayuntamiento recobró la gestión del agua y se enfrentó a un difícil proceso en el que tuvo que la nueva empresa pública Eau de Paris tuvo aportar el 15% de sus ingresos durante el primer año para asumir la gestión. Pese a ello, el ahorro durante el primer año de gestión fue de 65 millones de euros y las tarifas al consumidor se redujeron en 8%, según las cifras aportadas por la empresa pública. Ahora el Ayuntamiento ha iniciado un estudio para cobrar el agua en función de los ingresos de cada suscriptor.

Londres también ha rescindido buena parte de los convenios que mantenía la empresa pública de transporte de autobuses con compañías privadas. Una creciente corriente política en Reino Unido también pide un proceso de revisión de la privatización del ferrocarril que se privatizó en 1992 con la convicción de que supondría un ahorro para la administración pública, pero el coste de dinero público y la aportación de los usuarios a través de los billetes pasó de 7.000 mil millones de libras hasta los 13.000 millones de libras. 

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