Nadal se escuda en el “interés colectivo” frente a la acusación de estafa urbanística

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JUDICIAL

Joaquim Nadal en su etapa como consejero de la Generalitat | EFE

29 de octubre de 2014 (20:03 CET)

Joaquim Nadal no ha esperado a tener en sus manos el auto del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona en el que se le imputa por un delito de estafa para empezar a defenderse. El ex consejero de Obra Pública con el Gobierno tripartito ha valorado su situación por Twitter, la misma red social por la que dice que se ha enterado de la acusación, y en una ráfaga de mensajes ha rebatido su inculpación.

Nadal, que declarará el 21 de noviembre ante el juez, admite que participó en el 2006 en la operación urbanística bajo sospecha pero sus motivaciones fueron ni mucho menos interesadas, como señala el fiscal Anticorrupción, Fernando Maldonado. El Ministerio Público considera que el ex consejero realizó un cambio de permuta para impedir la construcción de un polígono industrial en un espacio protegido de Santa Cristina d'Aro (Girona), el valle de Solius.

Objetivo del cambio

La motivación, señala el diario El País, habría sido echar un cable a la familia Lara, que por aquella fechas había adquirido una finca cerca de la zona y que, con la construcción del área industrial, vería depreciada su parcela. El cambio de ubicación de la obra acabó siendo una trampa para la promotora inmobiliaria, la empresa Varal Real, quien en su denuncia --que precisamente originó este caso-- asegura que sufrió un quebranto de 20 millones de euros.

El socialista admite que realizó la permuta en los terrenos pero niega que la motivación fuese terciar en favor de los propietarios del grupo Planeta. “Intervenimos en respuesta a las demandas reiteradas de la plataforma Salvem Solius y de los monjes cistercences. Nada que ver con José Manuel Lara”, ha asegurado Nadal. El consejero indica que su decisión fue en favor del “interés colectivo”.

Intereses empresariales

Nadal no lo dice directamente, pero sospecha. “Los intereses particulares y los de la administración son divergentes. No hay estafa porque no hay engaño. La crisis pesa más”, afirma en su penúltimo mensaje de Twitter. El consejero apunta con estas palabras que la motivación de la empresa Varal Real para presentar la denuncia es para paliar su situación económica derivada de los malos tiempos que corren en la construcción en España.

La acusación apunta que tanto el Incasol, empresa pública de vivienda de la Generalitat, como el Ayuntamiento de la localidad gerundense escondieron a la promotora inmobiliaria que la nueva ubicación del polígono industrial era impracticable. Existía un alto riesgo de inundabilidad que impedía seguir adelante con la obra. Por otra parte, con el cambio de permuta, Varal Real fue compensada con siete millones de euros.

Interrogatorio hace un año

La imputación que recae sobre Joaquim Nadal le sobrevolaba desde hace casi un año. El ex consejero declaró ante la Guardia Civil en un cuartel de Barcelona por estos hechos.

Los agentes de la Benemérita dudaban de que la compra de los terrenos a Varal se hiciesen por motivos ecologistas, ya que el plan de hacer un polígono estaba fechado en 2004 y la oposición vecinal no logró que se cambiaran los planes.
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