¿Oriol Pujol imputado? Mas procura mantenerlo

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CORRUPCIÓN

Manel Manchón

Artur Mas, con los responsables de los organismos judiciales y de control en el Palau./EFE/Alberto Éstevez
Artur Mas, con los responsables de los organismos judiciales y de control en el Palau./EFE/Alberto Éstevez

06 de febrero de 2013 (20:33 CET)

Una reunión fructífera, con diversas aportaciones para “limpiar” Catalunya de los casos de corrupción y con el objetivo de establecer “buenas prácticas” en el futuro.

El president Artur Mas salió este miércoles satisfecho de su propia iniciativa, tras reunir a los responsables de los organismos judiciales de Catalunya, y a los propios organismos de control de la Generalitat. Pero la preocupación de Mas se centra en la situación de Oriol Pujol, secretario general de Convergència, y portavoz parlamentario de CiU. No está imputado. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su imputación, por el caso ITV, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y Mas quiere preparar el terreno. El president defiende que Oriol Pujol pueda seguir al frente de sus responsabilidades. No desea que dimita, aunque deja en manos del propio Pujol esa decisión.

La reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; el Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó; el Síndic Major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, y también con la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, abordó diferentes cuestiones. Pero uno de los debates que se produjo, como admitió el propio Mas, fue acerca de la condición de imputado.

Un imputado, "no es un condenado"

El president aseguró, en su comparecencia pública en el Palau, que no hubo una conclusión clara al respecto, aunque se analizaron diversas posibilidades. Una de ellas es la de fijar un código, similar al que utiliza el poder judicial, cuando recusa a un determinado juez por alguna cuestión. Mas desea que todos los partidos puedan establecer un código, que no necesariamente debe ser una ley, que determine cuándo un imputado debe o no dimitir.

Artur Mas considera que un imputado no es un condenado, y que esa condición “sólo indica que se han considerado indicios” de un posible delito. Por ello, reclamó a los responsables de los organismos judiciales que hagan un esfuerzo en clarificar las cosas, y en hacer ver a la opinión pública que el hecho de estar imputado no se debe considerar como una lacra.

La situación de Oriol Pujol ha encendido, por tanto, todas las alarmas en el entorno del president Mas, y también en Convergència. No ayuda a tranquilizar las cosas el hecho de que Josep Antoni Duran Lleida exprese de forma contundente que él, en caso de ser imputado, “dimitiría”. Sus declaraciones motivaron el lamento amargo y la rabia contenida del entorno de Oriol Pujol, porque iban en sentido contrario a la defensa de Mas y de otros dirigentes como el diputado de Convergència, Jordi Turull, posible sustituto de Oriol Pujol como portavoz parlamentario, si acaba dimitiendo.

Legalidad o ética

El president, sin embargo, no se refirió a lo más evidente. La responsabilidad política implica ofrecer una imagen impoluta ante la opinión pública, al margen de las cuestiones legales, que también son cruciales. Un responsable político puede ser absuelto, después de un proceso en el que, previamente, ya se le habría condenado mediática y políticamente. Y eso es lo que quiere evitar Mas. Pero un político puede ser absuelto por defecto de forma en el proceso, porque el delito ya ha prescrito o por mil argucias legales. ¿Puede después ocupar su responsabilidad como si no hubiera pasado nada? ¿Dónde queda la moralidad o la ética?

Mas aseguró que el próximo 22 de febrero convocará de nuevo a los responsables de los organismos judiciales y de control para dar el visto bueno a un documento que pretende establecer un punto y parte para atajar prácticas irregulares. El problema, como admitió el propio president, es que en la Generalitat, por ahora, no se han detectado casos de corrupción. Lo que ha causado alarma e indignación en la sociedad catalana son casos que afectan a los partidos, como el del Palau de la Música, en el que está implicado Convergència Democràtica. Es decir, el problema radica en los partidos políticos y en su financiación.

El president recordó un acuerdo parlamentario de 2001, en el que se aprobó la limitación de los gastos electorales, y prácticas relativas al funcionamiento de los partidos políticos. Una de las ideas es que ese acuerdo forme parte de la legislación que ahora se negocia en el Parlament, en relación a la ley de transparencia y a la ley electoral.

Antifrau quiere asumir la ley de transparencia

Precisamente, el director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, se mostró dispuesto a asumir esa responsabilidad, a dotar de contenido el organismo de fiscalización a través de la ley de transparencia. Fuentes conocedoras de la reunión, aseguran que no hubo oposición a esa pretensión, con lo que la Oficina Antifrau podría jugar un papel crucial a partir de ahora, después de que fuera muy discutida en el seno del tripartido, y por CiU, cuando Esquerra Republicana la impulsó, con aquel lema de Josep Lluís Carod-Rovira, el de “Mans netes”. (Manos limpias).

El presidente del TSJC, Miguel Angel Gimeno, reclamó más medidas, de carácter material, para que se puedan crear organismos especializados para combatir la corrupción. Pese a la situación económica precaria de la Generalitat, Mas se mostró receptivo.

La Sindicatura culpa a los ayuntamientos

Y el Síndic Major, Jaume Amat, se quejó de una práctica recurrente. Los ayuntamientos, aseguró, no cumplen con los requerimientos de la Sindicatura de Comptes y no entregan las cuentas, o lo hacen fuera de tiempo. Y para combatirlo propuso que se establezcan sanciones, como el cierre de las subvenciones o partidas de carácter público.

Mas se encontró con todas esas peticiones. Y se verá si, realmente, tenía sentido esa reunión en breve, cuando se presente el documento con todas las posibles medidas. El president lo explicará en el Parlament, seguramente a finales de febrero.

Núria de Gispert anula la reunión con los partidos

Sin embargo, hay una segunda parte con la que no contaba Artur Mas. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, había convocado para este jueves a todos los portavoces de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la reunión en el Palau de la Generalitat. Y ante la negativa a asistir del PP, Ciutadans e ICV, decidió anular la convocatoria.

Los partidos consideran que Mas se ha equivocado al proponer una cumbre anticorrupción sin los agentes implicados, y que, por ahora, son los protagonistas de la corrupción, pero también los que la pueden evitar y combatir, con prácticas más severas, y una financiación más transparente.
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