Carles Puigdemont en Holanda. EFE/ Anjo De Haan
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El gobierno de Puigdemont organizó una estrategia para tomar el control de las cotizaciones en Cataluña y desvincularse de la Administración central

Barcelona, 07 de marzo de 2019 (16:58 CET)

El Govern de Carles Puigdemont diseñó un plan para apropiarse de las cotizaciones de los trabajadores en Cataluña después de declarar la independencia, según unos documentos hallados por la Guardia Civil. Este proyecto fue desarrollado en secreto durante varios meses por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, entonces liderado por la consejera Dolors Bassa, con la ayuda entidades de consultoría y tecnología como IBM y Deloitte.

Según informó El Confidencial, el cuerpo policial encontró unos documentos que detallaban estos planes de Puigdemont, durante los registros de la Operación Anubis en el Departamento de Trabajo el pasado 20 de septiembre. Los papeles desvelaban que el Govern había estado desarrollando una estrategia para tomar el control de la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores, desempleados y penisonistas catalanes, pasando por una “ruptura pactada por el Estado”.

En consecuencia, sería la Generalitat quien gestionaría el pago de las pensiones, prestaciones del paro y ayudas por incapacidad; y a quien las empresas catalanas abonarían las cotizaciones de sus empleados a la SS. 

Pero según los documentos a los que ha tenido acceso el medio, Puigdemont tenía un plan B, que no pasaba por una ruptura amistosa con España, sino por una “desconexión forzosa”. En ese caso, el expresidente de la Generalitat remarcaba como prioridad la creación de una Seguridad Social catalana que pudiera recaudar cotizaciones a espaldas de la Administración central: de esta manera, una vez declarada la independencia de la república catalana, sus ciudadanos podrían cobrar y pagar sus prestaciones al margen de España.

La supuesta Seguridad Social del nuevo país se hubiera llamado Agencia Catalana de Protección Social (ACPS). 

Deloitte, IBM o HP, posibles responsables del software

Vinculado a esta nueva entidad estarían David Franco, responsable del Programa de Transformación Digital de la Protección Social, quién señala a la empresa Deloitte, como encargada de desarrollar el organismo y “realizar el seguimiento de su despliegue”. En una de las libretas encontradas por la policía, Franco escribió que Deloitte cobraría por ese servicio 197.508,50 euros con IVA incluido, pero no se ha confirmado que ese dinero llegara a pagarse.

Deloitte ha respondido que “la compañía no ha trabajado nunca en la creación de la ACPS y tampoco tiene otros contratos de este tipo”. “Precisamente, hace dos años creamos una unidad interna de revisión para evitar este tipo de riesgos”, según El Confidencial.

En la libreta también aparecen la empresa Hewlett Packard (HP), que habría facilitado un centro de procesamiento de datos (CPD), donde se almacenaría la información necesaria para la ACPS. Por esa función, HP habría cobrado 1.471.247 euros en 2017 y otros 2.357.561 euros en 2018. Su CPD debería “gestionar datos de 300.000 afiliados al año, 3,2 millones de contribuyentes, 690.000 empresas, un millón de jubilados y 5.000 jubilados al mes, además de los trabajadores públicos”, además de 400 trabajadores que habrían formado la plantilla de la supuesta agencia.

La empresa de conasultoría y tecnología IBM y la consultora catalana Itteria fueron las elegidas para desarrollar el software encargado de los trámites de mayor seguridad, como los procesos de cobro de cotizaciones, sistemas de afiliación y pagos, tareas exclusivas de la Administración Central. 

Entre los nombres de la libreta de Franco destaca también el hombre de confianza de Junqueras, Josué Sallent, en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, una entidad que se encarga de contratar, gestionar y mantener los recursos digitales del administrativo catalán. La implicación de Sallent ha sido interpretado como la prueba que Puigdemont concediera máxima importancia a la ACPS, una de las estructuras del nuevo estado catalán.

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