Rajoy acaba con la maraña administrativa autonómica

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado. La principal novedad en la normativa es la creación de una licencia única para comercializar bienes y servicios en toda España. De esta manera, se reduce la «maraña administrativa» que existe en la actualidad con 17 normativas sobre comercio distintas, una por cada comunidad autónoma. El Estado y las autonomías han aprobado más de 100.000 leyes que afectan al comercio desde 1978.

La licencia única implica que las empresas y prestadores de servicios tendrán que solicitarla en una sola comunidad autónoma. Con ella, podrán comercializar sus productos de inmediato en toda España sin requisito adicional.

Resolución de conflictos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la normativa traerá consigo una serie de conflictos económicos y legales al basarse en un principio de confianza. Para ello, el Ejecutivo ha creado el denominado Consejo Nacional de Unidad de Mercado (CNUM).

Este órgano intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en un principio de colaboración y en la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.

Catalunya y Madrid

El Gobierno ha garantizado que la ley será «absolutamente respetuosa» con las competencias legislativas de las comunidades autónomas. Catalunya, Madrid y País Vasco serán las más beneficiadas por ser las que tienen un sector industrial y de servicios más potentes, según el Gobierno. Entre las tres suman el 44,6% del PIB industrial y el 43,7% del comercio, transporte y hostelería.

Sáenz de Santamaría ha indicado que afecta a las competencias de las comunidades autónomas «en positivo» porque las regiones con más empresas podrán facilitar que sus compañías operen en el resto de España sin cumplir requisitos extra.

Beneficioso para el PIB

La portavoz del Gobierno ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva norma podría elevar en 1,52 puntos el PIB en diez años, según un estudio del Ministerio de Economía y Competitividad. El informe señala que el aumento de la economía sería de 0,15% al año. En total, unos 1.500 millones de euros.

Además, la vicepresidenta ha cuantificado en un 4,6% los puntos del PIB que se pierden por las cargas administrativas y estima que la nueva ley reducirá en un 35% estas cargas.