Rajoy niega haber presionado mientras la oposición le acusa forzar la renuncia

Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado las acusaciones de los partidos de la oposición que han pedido su comparecencia en el Congreso por las presiones que habría recibido el fiscal general del Estado y que le habrían conducido a presentar la dimisión.

Rajoy ha expresado su respeto a la decisión del fiscal de abandonar el cargo «por razones exclusivamente personales» y ha dicho que no va a perder «ni un minuto» en responder a las interpretaciones de la dimisión que hacen partidos como el PSOE.

Réplica al PSOE

«Pase lo que pase y suceda lo que suceda, la posición del PSOE es siempre la misma: la culpa es del Gobierno», ha ironizado el presidente del Gobierno, que ha aprovechado para agradecer el trabajo y el «acierto» de Torres-Dulce en su gestión.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha negado presiones por su parte y ha desvinculado «absolutamente» la renuncia del fiscal de la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al tiempo que ha defendido la actuación «autónoma» y «sin injerencias» de la institución.

Por contra, todos los partidos de la oposición se han mostrado convencidos de que la renuncia se debe a desavenencias con el Gobierno, en particular por diferencias de criterio a la hora de abordar la consulta soberanista en Cataluña.

Comparecencia en  el Congreso

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha culpado directamente a Rajoy de «presionar» al fiscal y de «forzar la dimisión», por lo que su partido ha pedido oficialmente la comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso para dar cuenta de su «responsabilidad» en esta marcha.

«El fiscal ha dimitido porque el Gobierno lo ha presionado, defendiendo su independencia. Es absolutamente inaceptable la actitud de Rajoy con las instituciones», ha denunciado.

Colonizar la justicia

Según Hernando, a Rajoy «no le basta» con tener mayoría absoluta en las Cortes Generales, «quiere colonizar y controlar todas las instituciones, el Congreso, el Senado, el Defensor del Pueblo y ahora también la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial».

Críticas al Gobierno que también han llegado desde el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que está convencido de que la dimisión del fiscal general del Estado es fruto de las «desavenencias» con el Gobierno sobre la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña.

Explicaciones al máximo nivel

Duran ha considerado la marcha del fiscal como una «decisión grave» por la que el Gobierno debería dar explicaciones «al máximo nivel».

También la líder de UPyD, Rosa Díez, ha pedido la comparecencia de Rajoy ante el Congreso después de que Torres-Dulce denunciara, según la portavoz, «injerencias y falta de medios» en la Justicia.

No obstante, Díez ha reprochado al fiscal que haya tenido «falta de valor» en algunas cuestiones y que haya llegado «tarde» muchas veces de manera injustificada.

La corrupción

Para el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, la dimisión del fiscal general del Estado tiene que ver con las presiones del PP y del Gobierno para garantizar la «impunidad» de sus cargos afectados por la corrupción, aunque ha asegurado que se ha plegado casi siempre a los deseos del PP.

Los «encontronazos» entre Torres-Dulce y el PP a cuenta de la corrupción, cree Llamazares, han sido el detonante de esta decisión, que va en la línea de las «dificultades» que tienen los jueces «valientes», como Pablo Ruz y para quienes promueven la acción pública.

«¡Jueces y fiscales, apartad vuestras manos del PP!», ha exclamado Llamazares para referirse a lo que él piensa que es la consigna del partido del Gobierno.

Según el diputado de ERC Joan Tardá, al fiscal «no le perdonan» que no hiciera el trabajo «sucio» de parar la consulta soberanista en Cataluña, pero ha advertido de que ni el fiscal que sustituya a Torres-Dulce ni tampoco el presidente, Mariano Rajoy, podrán parar la voluntad del pueblo catalán.