Rajoy se mueve y busca el cuerpo a cuerpo con Mas

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CONSULTA SOBERANISTA

08 de octubre de 2013 (21:26 CET)

Los boxeadores se preparan. Cada uno en su rincón del cuadrilátero. El problema es que no es un combate equilibrado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido moverse, y, lejos de esquivar los golpes, quiere ser el más certero, buscando los ángulos, y las debilidades del contrario. Y el Govern de la Generalitat, con Artur Mas a la cabeza y su hombre de confianza, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, exhiben lo que creen de justicia, aunque aparezca como agravio, como queja, como la muestra de una serie de incumplimientos por parte del Gobierno central, ganando tiempo y buscando que sea la sociedad catalana la que les acabe sacando las castañas del fuego.

Rajoy decidió ayer criticar con contundencia al Govern de Artur Mas aprovechando para ello la respuesta a una pregunta del senador Josep Lluís Cleries. El Gobierno entiende que las inversiones públicas en Catalunya son las suficientes y necesarias, y que los intentos de aparecer como víctimas con la Ley Wert de Educación no se basan en la realidad.

Es la visión del Gobierno, que tenga o no razón en todas y cada una de las cuestiones ha pasado a ser secundario, porque choca contra la proyección de la realidad que realiza el Govern de Artur Mas. Y eso, por ahora, sólo conduce a que cada una de las partes siga el rumbo fijado previamente.

Camacho, insiste

Una de las mayores pruebas la protagonizó este martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al rechazar, tras una larga reunión con la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, un modelo de financiación singular para Catalunya.

Sánchez-Camacho, que es consciente de su debilidad al frente del partido –la dirección del PP en la calle Génova de Madrid no le perdona que durante la Diada del 11 de septiembre se quedara en su casa, con el argumento de que se sentía aislada-- quiere explorar un último intento para evitar el choque de trenes, y salir políticamente airosa, en caso de que deba dejar la dirección del PP catalán.

Pero para Montoro, las tesis de la dirigente del PP caen en la trinchera del independentismo, al hacer suya la idea de que Catalunya está siendo muy perjudicada con el actual modelo de financiación,

El PP catalán, independentista

“La propuesta de Sánchez-Camacho no es oportuna, y, además, surge en el peor de los escenarios”, aseguró Montoro. “Lo que no se debe hacer es singularizar la financiación catalana con un planteamiento político que es claramente independentista”, añadió, dejando en fuera de juego a Camacho, pese a que ella entienda que debe seguir insistiendo.

Lo que ocurre es que hay algunas evidencias, como han recordado en los últimos meses las patronales catalanas. La necesaria mejora del modelo de financiación de la Generalitat –que no de Catalunya, como se confunde habitualmente, como también el hecho de que el sector público, en el conjunto del PIB catalán sólo sea del 30%-- lo ha compartido el PP vasco.

La presidenta del PP del País Vasco, Arantza Quiroga, ha pedido que “se escuche” a Sánchez-Camacho, y se debata su propuesta, porque la ha formulado “de una forma leal”.

Los agravios, versión Gobierno catalán

Pero Rajoy y Montoro, y también Luis de Guindos, el ministro de Economía, siguen otra dirección. La del combate político y la aplicación de la ley.

Y, en el otro lado, lo mismo. El conseller Homs anunció un recurso contencioso-administrativo contra el Estado para que se respete la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, según el Govern, permitiría a las comunidades un déficit en 2014 del 2,2%, y no del 1% que se ha fijado. Ello evitaría a la Generalitat acometer un ajuste de unos 2.400 millones de euros.

La próxima semana, el Govern presentará un informe con “todos los incumplimientos” del Estado, y en ellos se incorpora todas las partidas de inversiones producto de la disposición adicional tercera del Estatut, que fijó que el Gobierno central debía invertir durante siete años un porcentaje equivalente al peso de la economía catalana en el conjunto de la española, entre el 18% y el 19%.

Pero esa disposición adicional tercera la anuló el Tribunal Constitucional. Se esté de acuerdo o no con ella, el Gobierno del PP no se siente comprometido a cumplirla. Pero eso es secundario, porque el Govern la recuerda un día sí y otro también.

¿Suspensión de la autonomía?

Es decir, el Govern de Artur Mas, junto con Esquerra Republicana, está comprometido a convocar un referéndum de autodeterminación que sabe que no se realizará, por lo que todos caminan hacia unas elecciones autonómicas que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.

¿Y Rajoy? Nadie desea pensar en las consecuencias últimas del camino que ha decidido el Gobierno, porque el estricto cumplimiento de la ley, sin atender negociaciones políticas, implica la suspensión de la autonomía.
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