Societat Civil Catalana denuncia al Govern por revelación de secretos

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PROCESO SOBERANISTA

Artur Mas y el presidente de la Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch./EFE/Toni Albir

06 de noviembre de 2014 (18:53 CET)

El Govern ha enviado a todos los domicilios de Cataluña una misiva en la que se informa de la consulta del 9 de noviembre, y en cómo se podrá votar. De hecho, se anima al voto, explicando en detalle los pasos para poder expresar el apoyo o no a la independencia. Esa acción, sin embargo, podría constituir un delito.

Así lo entiende la entidad Societat Civil Catalana, que acusa al Govern de incurrir en un delito de revelación de secretos, por haber, supuestamente, utilizado el Registro de Población de Cataluña, del cual es responsable el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).

La denuncia de la entidad se ha presentado este jueves en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En ella, Societat Civil Catalana insta a impulsar “todas las actuaciones pertinentes para que se investiguen los hechos denunciados y se persiga penalmente a los responsables de la autoría de estos hechos, restaurando la legalidad”.

Datos de los municipios

De heho, el Gobierno catalán, a pesar de que en los últimos días insiste en que la consulta se está organizando gracias a los voluntarios, deja claro en la comunicación enviada que los datos los ha tomado del “Registro de Población de Cataluña”, que se forma a partir de los padrones municipales de los ayuntamientos.

El parapeto del Govern es que se firmó un convenio de colaboración entre el departamento de Presidència y el Idescat.

¿Cuál es el problema? Según Societat Civil Catalana ese registro “es un fichero que se nutre de los datos que aportan las administraciones locales, y tiene un fin meramente estadístico”. Por tanto, no se podría utilizar para una comunicación sobre una consulta soberanista que está suspendida por el Tribunal Constitucional.

Prisión e inhabilitación

La entidad defiende sus argumentos a partir del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en el que se especifica que "los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos".

Las penas por vulnerar la ley, según la entidad, serían de hasta cinco años de prisión y doce de inhabilitación. Para ello, Societat Civil Catalana se basa en los artículos 197 y 198 del Código Penal, y denuncia que todas las actuaciones del Govern son “susceptibles de ser calificadas como presuntamente constitutivas de un delito de revelación de secretos”.
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