Soria admite, al fin, que la luz subirá si no pacta con las eléctricas

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Hacienda retiró los 3.600 millones comprometidos para cubrir el déficit del sistema, por lo que las empresas quieren traspasar al cliente parte del importe

José Manuel Soria en un acto de KPMG | EP

09 de diciembre de 2013 (17:21 CET)

Nuevo mensaje contradictorio del Gobierno a la opinión pública. La luz subirá si no hay pacto con las eléctricas, que amenazan con acentuar la judicialización del sistema energético español. El ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), ha admitido la posibilidad tras negarla durante todo el fin de semana.

El encarecimiento del suministro se producirá si no se encuentra una alternativa a los 3.600 millones comprometidos este año en la reforma energética para paliar el déficit de tarifa.

El Gobierno comprometió primero el importe, pero el ministro de Hacienda ha anulado la posibilidad durante el trámite parlamentario. Cristóbal Montoro (PP) cortó por lo sano debido al impacto en el déficit público que causaría la liquidación de la cantidad a favor de las eléctricas.

Sistema en equilibrio

El titular de Industria ha aclarado que si se contrastan los ingresos para este año y los gastos regulados “el sistema eléctrico está en equilibrio”. Lo que ha ocurrido, según la tesis de hoy, es que una de las partes, el Estado, “no puede aportar” lo acordado porque “hay un objetivo superior, que es el del déficit público”.

Soria se defiende de la marcha atrás: “los efectos [de incumplir el objetivo de déficit] serían mucho peores para la economía española”.

Pacto o juzgado

El ministro ha recordado, en un encuentro organizado por las Cámaras de Comercio en Madrid, que las eléctricas y Hacienda se reúnen para encontrar una fórmula que posibilite el aval del Estado para suturar los costes de producción con deuda privada.

“Siempre” que haya un “compromiso” de no recurrir más judicialmente la generación de dicho déficit.

Soria ha ligado el acuerdo a que las eléctricas retiren los recursos que han presentado en contra porque “si recurren, entonces sí podría haber una repercusión en los precios y en ese caso el Gobierno no concedería ningún tipo de aval”.
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