Oriol Pujol, exdirigente de CDC. /EFE/Mariscal

El TSJC envía a Oriol Pujol y a su esposa a juicio

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El TSJC desestima los recursos de la fiscalía y de Oriol Pujol, que habían llegado a un pacto de conformidad

Barcelona, 02 de mayo de 2018 (13:00 CET)

Oriol Pujol y su esposa, Anna Vidal, irán a juicio por el caso ITV. Así lo ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una resolución que ha hecho pública este miércoles. La resolución confirma la decisión de la presidenta del tribunal del jurado que debe juzgar el caso, que en su momento desestimó el pacto de conformidad alcanzado entre Pujol y la Fiscalía Anticorrupción.

El TSJC desestima los recursos que presentaron la fiscalía, Oriol Pujol y su esposa en contra de la decisión de la presidenta del tribunal del jurado. Esta última desestimó el pacto con la fiscalía porque no estaba firmado por todos los acusados.

Dos de los acusados, Josep Tous y Sergi Alsina, torpedearon el acuerdo por considerar que vulneraba su derecho de defensa. Tous presentó un recurso y los abogados de Alsina se adhirieron. Los dos eran amigos de Pujol cuando este ocupaba altas responsabilidades políticas en la extinta Convergència y en la Generalitat.

La fiscalía pidió inicialmente cinco años y dos meses de prisión para Pujol, así como tres años y cuatro meses para su esposa. Con el pacto, el ministerio público rebajó la pena del primero a tan sólo dos años y medio y la de la segunda a multa.

Caso ITV: Oriol Pujol fracasa en los intentos para evitar sentarse en el banco de los acusados

Pese a que la Audiencia de Barcelona anuló el pacto en su momento y que el TSJC acaba de ratificar esta decisión, probablemente los fiscales Fernando Maldonado Teresa Duerto mantendrán las penas solicitadas en este acuerdo. La defensa de Pujol siempre ha confirmado en la posibilidad de que todas las partes se sumen finalmente a un pacto de conformidad. Para ello hay tiempo hasta el inicio del juicio oral, para el que todavía no se ha fijado una fecha.

La fiscalía acusa a Pujol, ex secretario general de Convergència, de utilizar sus contactos políticos para beneficiar a empresarios del sector de las ITV. Está acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

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