Unión de Oficiales recurrirá el «prematuro» archivo del 8M en Madrid
La asociación de mandos de la Guardia Civil UOGC quiere que "se esclarezca la verdad"
Mandos de la Guardia Civil tildan de «prematuro» el archivo de la causa del 8-M decretado por la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La acusación popular que desarrolla la Unión de Oficiales de Guardias Civiles (UOGC) recurrirá la decisión para que «se esclarezca la verdad».
La juez ha acordado el sobreseimiento provisional al entender que Franco «no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico», entre el 5 y el 14 de marzo «del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones», y que no recibió «comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario».
«Que se esclarezca la verdad»
Rodríguez-Medel ha tomado la decisión tras escuchar a convocantes de otras manifestaciones y funcionarios de la Delegación del Gobierno, que comparecieron en calidad de testigo. También, como al propio Franco, que declaró un día antes en calidad de investigado.
La UOGC ejerce con la Asociación de Consumidores José María Mena la dirección letrada de la acusación popular. La organización de la Benemérita defiende la continuidad de la investigación «aclarar por qué la información no llegó hasta quienes tenían que tomar la decisión de evitar un evento que pudiese constituirse en foco de contagio».
El organismo explica que «no tiene interés en culpar una a persona concreta, sino en que se esclarezca la verdad». La organización de mandos del cuerpo policial recuerdan en un comunicado la «importancia del meticuloso trabajo» que han realizado los investigadores de la Guardia Civil, «pese a los múltiples intentos de ataque, como instrumento que permitirá avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido».
Fiscalía, contra la Benemérita
La Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado cerraron filas con el Gobierno y pidieron el archivo de la causa. El Ministerio Público rechazó la prevaricación y recordó que las competencias en materia sanitarias correspondían a otras autoridades.
Por su parte, los servicios jurídicos del Estado han acusado la juez Carmen Rodríguez-Medel y a la Guardia Civil de crear una “causa general” repleta de invenciones y apreciaciones subjetivas para investigar al Gobierno.
Más allá de los informes de la Benemérita, que afirman que Franco pudo haber tomado medidas antes del 8-M, hay otros dos informes del médico forense Julio Lorenzo Rego, adscrito al Juzgado de instrucción número 51, que cuestionan las marchas.
En el segundo, del 8 de junio, el texto reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo porque no se alertó del «gran riesgo» que existía de contagiar el coronavirus.
