Varapalo judicial a la última reforma laboral de Rajoy

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El Supremo 'tumba' el primer ERE por falta de información económica del grupo

22 de abril de 2013 (14:26 CET)

Primer varapalo judicial a la última reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha decidido anular este lunes el expediente de regulación de empleo (ERE) llevado a cabo por la empresa Talleres López Gallego.

La resolución firmada por los 12 magistrados de la Sala confirma lo dicho el pasado 30 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Da la razón a dos trabajadores de la compañía y a la Federación de Industria de CCOO por la aplicación de la regulación. Concretamente, el dictamen del Supremo confirma la nulidad del ERE porque la dirección de Talleres López Gallego no entregó una memoria económica mínimamente suficiente durante el período de consultas.

Información “relevante”

“Afectó a la realidad de la existencia de un verdadero periodo de consultas” y facilitó que se pudieran “extinguir desde el principio y sin información relevante” la totalidad de los contratos sostenidos únicamente con la empresa Talleres López Gallego SL, según el Tribunal Supremo.

Además, detecta la existencia de "graves defectos formales" en la tramitación del expediente que llevó a la extinción de los contratos de los trabajadores. En su sentencia, los magistrados señalan que se apreciaba la existencia entre las nueve empresas codemandadas de vínculos empresariales, personales y de decisión "que afectaban de manera directa a la consideración de que en realidad se estaba en presencia de un grupo de empresas a efectos laborales".

Despidos motivados

Conforme con la legalidad vigente, el Supremo interpreta que la comunicación de la apertura de período de consultas con los representantes de los trabajadores por parte de la empresa debió ir acompañada, entre otras informaciones, de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo. Este documento debería especificar los motivos, el número y clasificación profesional de los trabajadores afectados; el período previsto para amortizar los empleos y los criterios tenidos en cuenta para designar a los empleados afectados.

Sin embargo, la cúpula de Talleres López Gallego sólo entregó una "pequeña" descripción cronológica de su actividad en el mercado, con lo que no cumple con la apreciación del Tribunal. Los magistrados interpretan esta actitud como una falta de voluntad negociadora real por parte de la compañía, que no cedió en ningún punto a lo largo del período de consultas.

Talleres López Gallego ha defendido en todo momento que aplicaron la regulación siguiendo la nueva normativa laboral. La sentencia abre la puerta a la nulidad de otros expedientes por el mismo motivo, ya que la última reforma de Rajoy no señalaba la necesidad de justificar y definir con tanto detalle los afectados por una reestructuración laboral.
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