¿Y después qué? ¿Podría Mas acabar entre rejas?

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DECLARACIÓN JUDICIAL

Economía Digital

Artur Mas llegando al TSJC arropado por su Govern, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, Junqueras, la ANC y los alcaldes independentistas / EFE
Artur Mas llegando al TSJC arropado por su Govern, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, Junqueras, la ANC y los alcaldes independentistas / EFE

en Barcelona, 15 de octubre de 2015 (14:11 CET)

Artur Mas ha declarado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por cuatro delitos relacionados con la votación del 9 de noviembre de 2014. La imputación llega tras la querella de la Fiscalía General del Estado y por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, desobediencia, obstrucción a la justicia y malversación.

A pesar de ser presidente y diputado en funciones del Parlament, Mas podría ser inhabilitado si el proceso abierto contra él acaba en condena firme. Sin embargo, dado que está siendo juzgado por la máxima instancia jurídica catalana, pero no española, en caso de condena firme Mas tendría derecho a recurrir al Tribunal Supremo.  

La prevaricación en la administración, es decir, la toma de decisiones a sabiendas de que no se ajustan a la legalidad, está castigada con la inhabilitación para ejercer un cargo público entre siete y diez años.  

El delito de desobediencia --Mas impulsó el 9N a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional-- implica una multa a pagar en un tiempo entre tres y doce meses. Además, la inhabilitación como cargo público tendría una duración de seis meses a doce años.

El tercero de los delitos, el de obstrucción a la justicia, también provocado por ignorar las advertencias del alto tribunal, conlleva multas de tres a ocho meses y la suspensión de cargo público de uno a tres años. La novedad es que este es el único de los cuatro delitos que podría derivar en penas de cárcel, de entre seis meses y un año.

Por último, a Mas también se le imputa por malversación de dinero público por los gastos derivados de la organización de la consulta. En este caso, el presidente catalán en funciones se enfrenta a una multa de entre seis y doce meses y la inhabilitación entre seis y tres meses.

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