Zoido, durante su comparecencia de este jueves en el juicio del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo
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El exministro del Interior defiende la actuación policial durante la jornada del referéndum ilegal pero dice que él no tomó ninguna decisión ese día

Iván Vila

Economía Digital

Zoido, durante su comparecencia de este jueves en el juicio del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo

Barcelona, de ( CET)

El exministro del Interior Juan Antonio Zoido declaró este jueves en el Tribunal Supremo que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O fue "proporcionada" y muy difícil porque se encontraron con "escudos humanos" y con la deslealtad de los Mossos d'Esquadra.

Otra cosa es entrar al detalle del despliegue e incluso de esa deslealtad, asuntos sobre los que demostró un desconocimiento sorprendente, sobre todo durante el duro careo al que le sometió el abogado Javier Melero, defensor del exconseller de Interior Joaquim Forn, uno de los 12 acusados en el juicio del procés.

Zoido reiteró que nada habría pasado el 1-O si la Generalitat no hubiera convocado y alentada a la participación en un referéndum ilegal. Pero, más allá de eso, y como también sucedió el día antes con las declaraciones del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la que fue su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, no contribuyó a arrojar ninguna luz sobre las muchas controversias que salpican ese operativo.

Y no es un tema menor. La actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ese día se ha convertido en un agujero negro en el que las defensas han decidido hurgar, y que hipoteca esa acusación de rebelión que esgrimen la fiscalía y la acusación popular y que se basa en la existencia de violencia.

¿Por qué? Porque se ha convertido en recurrente que cuando a los acusados y a los testigos se les pregunte si percibieron actitudes violentas en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017, muchos repongan que sí, pero refiriéndose exclusivamente a las cargas policiales del 1-O.

Zoido aseguró, a preguntas de la fiscalía, que el dispositivo policial priorizó ese día "la seguridad" a la eficacia, pero zozobró cuando se le pidieron detalles, lo que justificó con el argumento de que no era él el responsable de tomar decisiones concretas sobre los operativos.

Quiebra de confianza

El exministro afirmó que fue la mañana del mismo 1 de octubre, al comprobar que no se había impedido la apertura de ningún centro de votación, cuando se produjo la quiebra definitiva de confianza en los mossos que motivó que fueran sustituidos en sus funciones de orden público y seguridad ciudadana por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero no supo decir qué requerimientos no cumplieron los mossos los días previos, y si fallaron a alguna reunión de coordinación.

Melero esgrimió para justiificar el comportamiento de los mossos las órdenes dictadas el día 29 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que planteaban unas limitaciones muy claras a las medidas a aplicar para impedir preventivamente la apertura de centros, y Zoido admitió no saber que esas órdenes derogaban las instrucciones que la fiscalía había dictado antes, mucho más contundentes pero que habían sido consideradas imposibles de cumplir. Entre otras cosas, porque el mismo Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, aseguró en su momento que habrían precisado desplegar a 90.000 agentes, una cifra inasumible.

La responsabilidad, de los mandos policiales

El exministro también remitió a los mandos policiales la responsabilidad de haber decidido que los 6.000 policías y guardias civiles desplazados a Cataluña, y que en principio tenían la función de dar apoyo a los mossos, acabaran sustituyendo a estos en sus funciones la mañana del referéndum. "¿Enviar a 6.000 agentes a controlar 2.293 centros de votación no era enviarlos al matadero?", le preguntó Melero. "Yo no di la orden", zanjó el testigo.

Zoido, como el día antes habían hecho tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría, negó haber tenido nada que ver tampoco con la decisión de que por la tarde cesaran las duras cargas policiales que habían marcado la mañana. Según insistió, todas las decisiones correspondieron a los responsables del operativo policial, coordinado por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que, junto con Nieto, es uno de los 35 testigos citados por el Supremo la semana que viene. Y no solo se desentendió de la decisión. Es que admitió no saber ni siquiera el motivo por el que se tomó.

Y aún hubo más. El testigo también insistió en que el número de agentes de la policía catalana desplegados ese día, también 6.000, eran insuficientes, porque en las elecciones del 21 de diciembre, el despliegue fue de 11.000 hombres. Pero admitió desconocer el dato de que el número de horas globales trabajadas por los mossos fue muy superior el 1-O.

Sin noticias de las armas largas del 20-S

El alto grado de desconocimiento exhibido por el que en el momento de los hechos era el máximo responsable político de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se extendió a los hechos del 20 de septiembre de 2017, cuando los registros a la sede de Economía de la Generalitat y a otros recintos tuvieron como respuesta concentraciones masivas que dificultaron las diligencias judiciales.

Zoido insistió en hablar de tres vehículos policiales dañados a las puestas de Economía, cuando constan daños en siete, como se ha insistido en el juicio, y dijo no tener noticia de que en el interior de alguno de esos coches había armas largas, un hecho que es notorio y que de hecho las acusaciones han enfatizado para argumentar el alto riesgo que entienden que comportó aquella protesta.

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