Rafael Aznar recibió una indeminización ilegal de 11.600 del Puerto de Valencia

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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El presidente de Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar.

15 de septiembre de 2013 (17:20 CET)

Rafael Aznar, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), se ha convertido ya en el enésimo test sobre tolerancia cero contra la corrupción del presidente del Consell, Alberto Fabra. Investigado por la Fiscalía, la Generalita mantiene su apoyo. Ahora se ha conocido un nuevo punto oscuro de sus gestión: una indemnización de 11.6000 euros concedida de manera irregular.

La Autoridad Portuaria solicitó al ministerio de Hacienda una autorización para conceder dicha subvención, pero recibió un informe negativo de la Dirección General de Costes. Para sortearlo, la institución decidió registrar la ayuda como gasto de personal, según Las Provincias.

No es esa la única irregularidad que investiga la Fiscalía. El ente cuenta con un gasto de personal directivo de un 1% destinado a un Fondo Social de Excluidos que no tienen ninguna base legal. En 2010 se destinó a ese fin 100.000 euros, a los que hay que sumar otros 33.000 de 2011. La Autoridad Portuaria ocultó esos pagos a Hacienda.

Las dudas de Valencia Port

La investigación de la Fiscalía se centra en la Fundación Valencia Port, una institución totalmente opaca que escapa al control de los órganos de fiscalización. La Autoridad Portuaria le destina importantes cantidades de dinero que, presuntamente, acaban en parte en las cuentas de los máximos responsables del Puerto.

Valencia Port recibe unas aportaciones de aproximadamente dos millones de euros anuales, una cantidad que el Tribunal de Cuentas considera que “no guarda relación alguna con la actividad portuaria”. De hecho, su objetivo es la docencia y abona 280 euros por hora de clase. Entre sus profesores destaca la presencia de altos cargo del puerto.

Otros investigados

La Fiscalía de Valencia ha presentado una denuncia en el juzgado de instrucción 14 de Valencia contra Rafael Aznar y otras tres personas una denuncia por presunta malversación y prevaricación.

La acción también va dirigida contra José Antonio Delgado (responsable de Planificación Estratégica), Ignacio Pascual (de Infraestructuras) y Antonio Morales, trabajador del Puerto. Se les acusa de cobrar de manera ilegal de la sociedad Plataforma Intermodal y logística, entidad participada por la APV.

La Plataforma Intermodal

También figura en la investigación de la Fiscalía que la Plataforma Intermodal despidió a tres trabajadores por su bajo rendimiento. Finalmente, y aunque todos estaban a punto de jubilarse, percibieron una indemnización de 500.000 euros tras llegar a un acuerdo en el acto de conciliación previo al juicio.

Plataforma Intermodal también fue contratada para encargarse de la vigilancia del puerto. El contrato fue por valor de 131.000 euros y se ha ido renovando año tras años. La firma logró la adjudicación de manera directa y sin publicidad, en contra de lo que estipula la ley. De los 13 trabajadores de la entidad, según la Fiscalía, 10 carecen de la preparación para ocupar el cargo.

Plan Estratégico

La firma, participada en un 98% por la APV, también se encargó de potenciar el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto. Entre 2009 y 2011 cobró 328.000 por una infraestructura que está prácticamente inutilizada y el Plan General de Ordenación Urbana que permitió su construcción fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Otro de los aspectos que ha suscitado dudas es el pago de 2,8 millones de euros por parte del puerto para la elaboración de un plan estratégico a la firma AT Kearney. Una de sus empleadas era Cristina Aznar, hija del presidente del Puerto.

La familia Aznar

Un plan similar costó al Puerto de Algeciras –que también externalizó su elaboración- 350.000. Por si fuera poco, la Intervención General del Estado consideró que dicho informe debería haber sido elaborado por el propio ya que entra dentro de “los conocimientos propios de la APV”.

Cristina Aznar no es la única hija del presidente de la APV que ha levantado sospechas. Otro de sus hijos fue empleado de la constructora Cyes. La firma participó en la primera fase de la ampliación del puerto de Valencia (217 millones) y del muelle para cruceros (20 millones).

Apoyo de la administración

Aunque Aznar reconoció la gravedad de los hechos imputados cuando se hicieron públicos, de momento ha contado con el apoyo de la administración valenciana, tanto de la Generalitat como del ayuntamiento de la ciudad.

En las Corts, la oposición ya ha pedido la comparecencia de la conseller de Infraestructuras Isabel Bonig mientras el diputado nacional de EU he remitido a la ministra de Fomento Ana Pastor una batería de preguntas para aclarar las cuentas de la entidad.

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