El tercer sector catalán se alza contra la última adjudicación de Colau

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Las entidades catalanas dedicadas a la prestación de servicios sociales exigen a la Generalitat un nuevo modelo de concertación que evite la penetración de grandes corporaciones privadas

El presidente de ACS, Florentino Pérez

Barcelona, 17 de junio de 2016 (01:00 CET)

Grandes corporaciones como ACS, Sacyr o Eulen se están imponiendo a las pequeñas entidades del tercer sector, sin afán de lucro, en la prestación de servicios sociales a las personas en ciudades como Barcelona, donde el ayuntamiento de Ada Colau ha contratado a la empresa de Florentino Pérez contra el criterio de las entidades sociales.

En el quinto congreso del tercer sector social, celebrado este jueves en Barcelona, se lanzaron voces de alarma ante la penetración de estos grandes grupos empresariales, que buscan el beneficio privado, en servicios públicos como la atención domiciliaria de ancianos y personas vulnerables.

Incluso con una alcaldesa de izquierdas como Colau, las filiales de ACS y Sacyr han logrado desbancar una reconocida entidad sin afán de lucro, especializada en la prestación de servicios sociales.

Barcelona ha repartido el contrato del servicio de atención domiciliaria, con un importe de 113 millones de euros por un período de dos años, en cuatro lotes: dos son para la entidad del tercer sector Suara, que ya prestaba el servicio; otro para Valoriza, filial de Sacyr; y el último para Clece, una empresa de limpieza, jardinería y servicios sociales del grupo ACS, que preside Pérez.

Las filiales de Sacyr y ACS han apartado la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), una ONG que durante años ha gestionado la mitad del mapa de atención domiciliaria de Barcelona. En Madrid, la alcaldesa Manuela Carmela también ha adjudicado al grupo de Florentino Pérez contratos de ayuda domiciliaria.

Alarma ante la penetración de grandes corporaciones privadas

Oriol Illa, presidente de la taula del tercer sector social de Catalunya, advierte de que la penetración de grandes corporaciones hasta ahora ajenas a los servicios sociales continuará creciendo "mientras no consigamos un modelo de concertación", a través del cual las administraciones públicas regulen los contratos del sector de acuerdo con las directivas europeas.

Illa recuerda que la Unión Europea promulgó, en marzo de 2014, una directiva que establecía que los contratos públicos de servicios sociales para las personas no se pueden regir por criterios de mercado. La directiva daba un plazo de dos años para su trasposición a las normativas de los estados miembros, pero el gobierno español no ha hecho los deberes, aunque diez de las 17 autonomías ya la han adaptado por su cuenta. Ni Cataluña ni Madrid están entre ellas.

La Generalitat catalana ha creado un grupo de trabajo para redactar un anteproyecto de ley que regule los contratos de los servicios sociales para las personas, siguiendo los criterios de la directiva europea.

El presidente de la la plataforma de entidades catalanas más representativa, indica que, una vez que se trasponga la directiva a la legislación del Estado y a la de todas sus comunidades "cambiarán las reglas": no se podrán conseguir contratos con criterios puramente mercantiles.

Illa subraya que las entidades sin ánimo de lucro reinvierten en las actividades que prestan, mientras que los grandes grupos empresariales están "más pendientes de la cuenta de resultados y del reparto de dividendos a los socios". Está totalmente en contra de "mercantilizar la atención social".

Críticas hacía los criterios de contratación pública

Respecto a la entrada de las filiales de Sacyr y ACS en la prestación de servicios sociales públicos en Barcelona, Illa indica que les causa "preocupación" y "decepción". No obstante, ni él ni ninguna de las entidades del tercer sector formula críticas directamente contra Colau, aunque se sientan disgustados.

Incluso desde ABD, la entidad que perdió el concurso frente a Sacyr y ACS, no se culpa a la alcaldesa, sino a los criterios de "contratación pública". El equipo de Colau modificó el pliego del concurso para que el proyecto técnico prevaleciera sobre la oferta económica, en una relación del 80% y 20%, cuando la anterior licitación había sido del 60% y 40%, respectivamente.

Pese a ello, la oferta económica fue la que desequilibró la balanza a favor de las empresas mercantiles.
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