El matrimonio Godia y Torreblanca descargan el fraude en terceros

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TRIBUNALES

Godia y Torreblanca, en los juzgados. EP

23 de julio de 2013 (12:47 CET)

El matrimonio Liliana Godia y Manuel Torreblanca han acudido puntuales a su cita con la justicia este martes por un presunto fraude fiscal que asciende a 5,7 millones de euros. La vista ha durado poco más de una hora ya que la pareja ha optado por no declarar, según fuentes judiciales.

Su abogado, José Ángel González Franco, se ha limitado ha presentar un escrito con la visión de los hechos de sus clientes. Tras la comparecencia, el letrado ha explicado a los medios de comunicación que Godia y Torreblanca “delegaban en terceros” la gestión de su fiscalidad.

Solución

El abogado ha asegurado que los acusados quieren solucionar el caso cuanto antes. González Franco ha apuntado que sus clientes, imputados por 14 delitos, “no tenían voluntad de cometer ningún fraude”. Pese a ello, ha explicado que están dispuestos a asumir una parte de su responsabilidad en lo sucedido.

El letrado ha anunciado que ha presentado un escrito en los juzgados aunque ha decidido guardar silencio sobre el contenido del mismo. "Hemos dado el conocimiento que tenemos de lo sucedido, que es muy limitado", ha asegurado.

¿Pacto?

González Franco se ha reunido en los días previos a la comparecencia con la Fiscalía de Delitos Económicos, encabezada por Francisco Bañeres, para resolver el asunto con un acuerdo. La propuesta significa devolver las cantidades defraudadas, pagar una multa millonaria y asumir buena parte de los hechos.

Fuentes judiciales aseguran que la evolución del proceso será menos estricto con Liliana Godia, puesto que los hechos probados están más cerca de la irregularidad administrativa que del delito fiscal. Las mismas fuentes no son tan optimistas, en cambio, con respecto a su marido y al asesor de la familia.

Ahora, la pelota está en el tejado de la acusación. La Fiscalía y la Abogacía del Estado están estudiando la solución con la que cerrar el caso en el supuesto de un acuerdo. No obstante, la Generalitat --incorporada más tarde a la causa y que reclama algunos importes presuntamente defraudados en el impuesto sobre el patrimonio-- también deberá dar el visto bueno.
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