Dos huevos duros

Era el momento idóneo. El de la máxima exposición de la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez que sigue dependiendo de la voluntad y caprichos del prófugo Puigdemont para poder optar a la investidura cuando le falle, si no hay sorpresas, a Núñez Feijóo.

El lehendakari tiene un plan que lo viene sugiriendo desde 2018 y que contempla la configuración de un Estado plurinacional sin modificar la Constitución. ¿Cómo se hace una tortilla sin romper huevos? Lo tendrá que explicar. Urkullu está en eso. ¿Por qué lo plantea ahora? Por cuatro razones básicas.

Porque quiere aprovechar la debilidad extrema de Pedro Sánchez en el Parlamento y buscarse su propio espacio ya que el foco del inquilino de la Moncloa está centrado en los secesionistas catalanes y en Bildu. Porque su vocación de tender puentes tiene precedentes en 2017 cuando medió entre Feijóo y Puigdemont y fracasó porque el ‘iluminati’ de Junts no se avino a convocar elecciones y le dio por declarar la Independencia unilateral que él mismo suspendió cuarenta y cuatro segundos después.

Porque necesita sacar la cabeza cuando Bildu le está apremiando electoralmente, ya le ha hecho el ‘sorpasso’ en los últimos comicios generales, y Otegi se acaba de postular como candidato para las próximas elecciones autonómicas. Y, sobre todo, porque necesita salvar la coalición de Frankestein 2.0 rebajando las expectativas radicales. Se trata de evitar una vuelta a las urnas.

El lehendakari tiene un plan que contempla la configuración de un Estado plurinacional sin modificar la Constitución

Su propuesta no es rupturista sino de acuerdo. Este es un plan cuyo principal destinatario no era otro que el propio Puigdemont aunque, a través de Junts, ya le ha contestado que muchas gracias pero ellos están en otra vía. La amnistía y el referéndum.  

El plan de Urkullu para Puigdemont

La fórmula de la ‘convención constituyente’ ha escandalizado a quienes ven en esa propuesta un escenario de contrapoder, un órgano extraparlamentario, una cámara alternativa a las Cortes Generales para poder hacer y deshacer a su antojo la madeja del orden territorial.

El caso es que una formulación tan poco concreta podría servir de marco para que Puigdemont pudiera encajar sus exigencias más allá de la Mesa bilateral que los nacionalistas catalanes mantienen con el gobierno de la Moncloa. Ésa es la idea del lehendakari.

Pero sabe muy bien que ninguna ‘convención’, por muy pactada que esté entre dos gobiernos o dos parlamentos, puede acordar una modificación territorial sin pasar por el procedimiento de su reforma implicando a todos los ciudadanos españoles, como parte afectada.  

Si ahora Urkullu vuelve a recuperar la definición del carácter plurinacional del Estado estará dando una vuelta a la Constitución que conllevará una reforma de la Carta Magna

Urkullu ha querido situarse en medio. Pero con su apuesta por la desigualdad entre los ciudadanos españoles (que eso es lo que implica optar por la bilateralidad) está dibujando un ente de nacionalidades que niegan la pertenencia a un mismo Estado.  

El prestigioso historiador Juan Pablo Fusi ha declarado esta semana que “ninguna Constitución ha ido tan lejos en la pluralidad territorial como la de 1978”. Y es cierto. El Pais Vasco, precisamente, dispone de un techo competencial que para sí lo quisieran los Estados federales más avanzados de Europa.

Si ahora Urkullu vuelve a recuperar la definición del carácter plurinacional del Estado, cuando tenemos un Estado plural, una nación integrada por nacionalidades y regiones, estará dando una vuelta a la Constitución que conllevará una reforma de la Carta Magna.

No es dinero es la independencia

Este tipo de reformas requieren de amplios consensos. Aquí no valen los trágala. Por mucho que el Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido esté dispuesto a mancharse la toga con el polvo del camino independentista. Cualquier cambio en el Título VIII de la Constitución necesitará del consenso con el PP, el partido que ganó las elecciones. 

Se equivocan quienes creen que lo que están pidiendo los secesionistas catalanes es tan sólo dinero. Es mucho más que eso. La comunidad autónoma más endeudada de España en términos absolutos  (el 33% de su PIB) necesita solvencia económica, cierto. Pero si sus gobernantes secesionistas quieren dinero no es sólo para tapar agujeros sino para tener medios para seguir avanzando en su objetivo de romper con España. La ruptura constitucional.

Si Urkullu quiere tender puentes debería atraer a su cuadratura del círculo al centro derecha que más pronto que tarde volverá a gobernar en la Moncloa. Son once millones de votantes a los que las minorías nacionalistas no pueden arrinconar.