La encrucijada tecnológica de España: ausente en el pacto internacional del 6G con el veto a China a las puertas
España se queda al margen de la gran alianza mientras Bruselas ultima el veto a proveedores tecnológicos como Huawei
Archivo – El ministro para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López charla con la vicepresidenta de Soberanía TEcnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en los márgenes de una reunión de ministros de la UE en Luxemburgo.
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España corre el riesgo de quedarse atrapada entre dos frentes de la nueva guerra tecnológica. Mientras Estados Unidos acelera la creación de una alianza internacional para definir el desarrollo del 6G junto a un grupo de países considerados aliados, Bruselas ultima una normativa que endurecerá las restricciones a proveedores chinos como Huawei y ZTE. En medio de ambos movimientos, el Gobierno español mantiene una posición cuanto menos ambigua que amenaza con dejar al país sin influencia en el diseño de la próxima generación de redes móviles y con escaso margen de maniobra cuando lleguen las decisiones regulatorias.
La última evidencia de ese aislamiento llegó con la presentación de la ‘Call to Action for 6G Leadership and Security’, una iniciativa impulsada por la Administración de Donald Trump para coordinar la estrategia de los países afines en materia de seguridad, innovación y cadenas de suministro del 6G.
El documento fue suscrito por 25 países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia o Canadá, pero España no figura entre los firmantes.
Los países participantes se comprometen a coordinar estrategias industriales, reforzar las cadenas de suministro, compartir información sobre riesgos de ciberseguridad, impulsar la investigación y trabajar conjuntamente en el desarrollo de estándares internacionales para el 6G.
También prevén reuniones periódicas entre gobiernos, industria y centros de investigación para consolidar una posición común durante los próximos meses.
La ausencia española resulta especialmente llamativa porque quince de los firmantes pertenecen a la Unión Europea. Es decir, buena parte de los principales socios comunitarios ya se han alineado con la Casa Blanca de Donald Trump en un ámbito considerado estratégico para la seguridad nacional y la competitividad tecnológica.
La presión sobre Huawei y la posición de España
El contexto tampoco ayuda a la posición española. Bruselas prepara la aprobación definitiva de la nueva Ley Europea de Ciberseguridad, una norma que previsiblemente verá la luz tras el verano y que endurecerá el tratamiento de los proveedores considerados de alto riesgo.
En la práctica, la legislación servirá para consolidar el proceso de exclusión de fabricantes chinos como Huawei y ZTE de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones.
Aunque la Comisión Europea lleva años recomendando limitar la presencia de estos proveedores mediante la conocida «caja de herramientas» del 5G, la aplicación ha sido muy desigual entre los Estados miembros. Países como Alemania, Suecia, Dinamarca o Rumanía ya han adoptado medidas restrictivas o han elaborado listas nacionales de proveedores de riesgo.
España, en cambio, sigue sin aprobar un listado oficial que identifique qué fabricantes deben quedar excluidos de las redes críticas. Esa indefinición, así como la ausencia de prohibición, ha permitido que Huawei continúe manteniendo una importante presencia tanto en operadores de telecomunicaciones privados como en contratos públicos vinculados a infraestructuras estratégicas.
La situación incluso se ha extendido a nuevas licitaciones impulsadas por distintas administraciones públicas, donde compañías que emplean tecnología del fabricante chino han seguido adjudicándose contratos relacionados con servicios considerados esenciales.
Óscar López reclama autonomía nacional
El Gobierno tampoco comparte plenamente la estrategia comunitaria sobre este asunto. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ya expresó hace unas semanas sus reservas sobre que sea Bruselas quien determine qué proveedores pueden participar en las redes nacionales.
Su planteamiento pasa por que sean los propios Estados miembros quienes decidan qué tecnologías afectan a su seguridad nacional y qué fabricantes pueden operar en cada mercado.
Una posición que difiere de la apuesta de la Comisión Europea por avanzar hacia criterios comunes para reducir la dependencia tecnológica respecto a China.
La exclusión de España del acuerdo internacional sobre el 6G coincide precisamente con un momento en el que Estados Unidos busca crear un bloque de países alineados para diseñar las futuras redes móviles con criterios compartidos de seguridad, resiliencia y autonomía tecnológica.
Las telecos presionan para no cambiar sus proveedores
Mientras gobiernos y reguladores endurecen su discurso, las grandes operadoras europeas tratan de frenar una transición que consideran excesivamente acelerada.
La GSMA, patronal mundial del sector móvil, ha advertido recientemente de que sustituir los equipos de proveedores chinos por tecnología de fabricantes europeos supondrá un coste de 64.000 millones de euros en inversiones adicionales para compañías como Telefónica, Orange, Vodafone o Deutsche Telekom, según adelantó Expansión.
Un esfuerzo que, sostienen, podría retrasar el despliegue de nuevas redes y restar competitividad frente a otras regiones, Las operadoras recuerdan además que muchos equipos instalados durante el despliegue del 5G continúan plenamente operativos y que su sustitución anticipada implicaría importantes costes financieros y técnicos.
La organización reclama que cualquier proceso de reemplazo se realice de forma gradual y con seguridad jurídica suficiente para evitar distorsiones en las inversiones.
El debate no afecta únicamente a España. Operadores de distintos países europeos han trasladado preocupaciones similares ante el endurecimiento regulatorio impulsado desde Bruselas.
Sin embargo, la posición española presenta una particularidad adicional: mientras otros gobiernos ya han fijado una hoja de ruta clara respecto a los proveedores chinos, Madrid continúa evitando una decisión definitiva.
Con Bruselas a punto de endurecer el cerco regulatorio sobre Huawei y Trump acelerando la construcción de un bloque tecnológico occidental que excluya a China, España afronta una decisión cada vez más difícil de aplazar.
Mantener la actual indefinición puede permitir ganar tiempo en el corto plazo, pero también amenaza con reducir su capacidad de influencia en una carrera en la que ya se están definiendo las reglas del próximo salto tecnológico.
