Sánchez busca un gran pacto social para afrontar la revolución de la inteligencia artificial
El Gobierno convocará el próximo mes a los agentes sociales para negociar un nuevo contrato social
Pedro Sánchez duranfe su ponencia en el Cercle
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto fecha al primer gran intento de sentar las bases de un pacto nacional sobre inteligencia artificial (IA). El Ejecutivo convocará el próximo mes a sindicatos y patronal para avanzar en un «gran acuerdo de país» que permita afrontar los cambios que esta tecnología provocará en el mercado laboral y en la economía.
Sánchez ha presentado en el Palacio de la Moncloa el ‘Plan IA360’, una hoja de ruta con medidas que se desarrollarán durante los próximos 12 meses y que tiene como objetivo principal acelerar el despliegue de la inteligencia artificial en España, pero bajo criterios de seguridad, supervisión y protección de los colectivos más vulnerables, especialmente los menores.
«Es evidente que este desafío de la inteligencia artificial ya no es para dentro de 5, 10 o 50 años, es de ahora mismo. Y da la sensación de que llegamos un poco tarde», ha advertido el presidente durante el acto de presentación del plan.
La iniciativa parte tras observar que casi la mitad de la población española en edad de trabajar ya utiliza inteligencia artificial generativa, lo que coloca a España entre los 10 países con mayor adopción de esta tecnología. El Gobierno pretende aprovechar esta rápida expansión para convertirla en una herramienta de crecimiento económico, productividad y generación de talento.
Uno de los ejes del plan pasa por reforzar el músculo tecnológico del país. Para ello, el Ejecutivo plantea adaptar los currículos de Educación Secundaria y Formación Profesional para que los jóvenes aprendan a utilizar la inteligencia artificial y puedan incorporarse al mercado laboral con las capacidades necesarias.
Sánchez quiere un nuevo contrato social para la IA
Sánchez ha situado el empleo y la transformación del mercado laboral en el centro de su estrategia y ha anunciado que convocará en octubre a los agentes sociales para comenzar a construir un nuevo contrato social alrededor de la inteligencia artificial.
«Un gran acuerdo de país entre sindicatos, patronal, partidos políticos y poderes públicos para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo y en la vida que esta tecnología va a suponer», ha señalado.
La intención es que empresas, trabajadores y administraciones participen en la definición de las reglas que deberán acompañar a la expansión de la IA.
Siguiendo esta línea, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que expertos, sindicatos, empresas, científicos, universidades, sociedad civil y administraciones deben sentarse en la misma mesa. El objetivo, ha explicado, es que el camino hacia la inteligencia artificial «tenga dueños y no solo destinatarios».
Cuerpo ha señalado que el debate sobre esta tecnología se ha reducido en las últimas semanas a una pregunta: «¿Acelerar o frenar?». Frente a esta dicotomía, el Gobierno pretende encontrar una tercera vía que permita aprovechar el potencial de la IA sin ignorar sus riesgos.
«Que esta tecnología amplíe el entendimiento en lugar de sustituirlo y que nadie tenga que elegir entre el entusiasmo ciego y el miedo», ha defendido.
El Gobierno alerta del poder de las tecnológicas
Sánchez ha advertido del riesgo de que la inteligencia artificial quede concentrada en unas pocas grandes compañías tecnológicas y en un reducido grupo de países.
«Si la inteligencia artificial queda concentrada en unas cuantas compañías y en un puñado de países, pues su impacto en la prosperidad compartida y en la idea de la democracia va a ser muy negativo», ha señalado.
El presidente ha reclamado reglas claras y ha cuestionado la capacidad de la autorregulación para garantizar que los intereses de las grandes tecnológicas coincidan con los del conjunto de la sociedad.
«Confíen en nosotros. Bueno, pues va a ser que no», ha ironizado Sánchez al referirse al discurso de algunos de los principales empresarios tecnológicos.
A su juicio, España tiene «autoridad moral» para impulsar una agenda internacional que permita evitar prácticas monopolísticas y exigir responsabilidades legales y financieras a las grandes compañías tecnológicas.
Sánchez ha defendido además una inteligencia artificial sometida a supervisión y trazabilidad, de forma que la tecnología sirva para mejorar la toma de decisiones sin sustituir el criterio humano en aquellos ámbitos donde este deba prevalecer.
Seguridad y protección de los menores
La seguridad será otro de los pilares del ‘Plan IA360’. El Ejecutivo considera que los riesgos asociados a una IA sin control son cada vez más evidentes, especialmente en ámbitos como la ciberseguridad.
«Los riesgos de una IA sin control son cada vez más evidentes», ha advertido Sánchez, que ha reclamado una gobernanza capaz de responder a los problemas que ya está generando el desarrollo acelerado de nuevos modelos y aplicaciones.
La protección de los menores ocupará un lugar prioritario dentro de esta estrategia. El Gobierno pretende así combinar el impulso a la adopción de la tecnología con mecanismos que permitan limitar sus efectos negativos y proteger a los colectivos más vulnerables.
Para Sánchez, la clave estará en evitar una inteligencia artificial «desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos», que considera «el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia».
El presidente ha insistido en que la IA puede tener efectos muy diferentes dependiendo de cómo se gestione. Puede contribuir a reducir brechas sociales, económicas y geográficas, pero también puede «ensancharlas aún más».
